Hoy 
El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, acudió hasta la vivienda de los padres de David de los Santos Correa, para garantizarles que su muerte no quedará impune, y que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias.
«Estamos aquí precisamente para decirle a la familia, que nosotros estamos con ustedes para ayudar en todo lo que podamos, cuestión de que en esta situación se haga la justicia que se tiene que hacer en la República Dominicana», expresó el funcionario.
Chu Vásquez Martínez afirmó que el Gobierno y él personalmente, están comprometidos con la transparencia del proceso, por lo no se no ocultarán nada para que la verdad salga a relucir.
«Tan pronto pasó el caso, hemos estado pendiente, y sobre todo, la posición de nosotros es que salsa la verdad, nada más que la verdad», manifestó.
En tanto que los familiares del joven que falleció tras supuestamente recibir una golpiza mientras se encontraba detenido en el destacamento del ensanche Naco, dijeron estar confiado en las palabras del funcionario.
David de los Santos: Allegados piden justicia frente al destacamento del Ensanche Naco
«Yo confío en lo que dijo el ministro, a pesar de que con eso no se devuelve la vida de David, que era un muchacho joven y profesional», expresó uno de sus parientes.
Respecto a las medidas anunciadas para garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional, expresaron que esperan que esas deposiciones se cumplan y no solo se queden en papel.
«Yo espero en que realidad, no se quede como lo hacen antes: que siempre prometen que se va hacer un cambio en la Policía, y nunca hacen nada», dijo un cuñado.
Las medidas que tomarán en la Policía
- La ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911.
- Instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas.
- Implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia.
- La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico.
- La instalación de cámaras en todos los destacamentos.
- La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía.
- Colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
Le puede interesar: David de los Santos: Allegados piden justicia frente al destacamento del Ensanche Naco - Mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos.
- Acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la PN.
- Implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada.
- Implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como mínimo:
• Gestión de crisis.
• Derechos Humanos.
• Actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad. - Ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia. Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos.
- Coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales.
- Reorganizar el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
El comisionado para la Reforma Policial consideró que estas medidas representarán una evolución positiva en el tratamiento respetuoso de los derechos humanos que debe brindar cualquier agente policial a todos los ciudadanos
No hay espacio para impunidad
Vila del Castillo advirtió que no caben espacios para la impunidad y que los responsables de los lamentables recientes hechos deben ser llevados a los tribunales sin dilaciones, aplicando los principios de excelencia que el Ministerio Público posee.
Sostuvo que la Policía, gracias al impulso irrestricto de la Presidencia de la República, al compromiso y participación de la sociedad civil, y al trabajo diario del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, está siendo sometida a un proceso de transformación integral, coordinado desde la Comisión.
Mencionó que el proceso abarca nueve grandes ejes de actuación: Marco legal, Nuevas tecnologías, Planificación Estratégica, Recursos Humanos, Presupuesto y gastos, Política de Género, Educación, Comunicación y Capacidades Operativas.
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Para cada uno de esos ejes se han conformado mesas técnicas que están llevando a cabo los trabajos de renovación directa de todos los procesos de actuación tanto legales, como burocráticos, técnicos operativos policiales y tecnológicos, de evaluación y de recursos humanos. Abarca tanto a la Policía Nacional como a Politur y la DIGESSET.
Manifestó que los asesinatos extrajudiciales han sido una práctica común durante todas las administraciones presidenciales dominicanas. Sólo en los últimos 16 años, agregó, los medios de comunicación reportaron 1,844 muertes por intercambios de disparos, lo que significa un asesinato cada tres días.
De total de esos casos, puntualizó, sólo 96 fueron sometidos a la justicia y, de ellos, solo terminaron en condena, 18.
Con relación a los reportes publicados sobre muertes por abuso policial durante el año 2022 registran 10 casos en 5 meses, una diferencia estadística notoria comparada con el pasado.
“Pero lo más importante que cabe señalar es que, en referencia a estos 10 casos, los funcionarios implicados están suspendidos y bajo investigación del Ministerio Público. No hay impunidad”, precisó.
Reconoció que todavía hay muchas cosas que cambiar, como las responsabilidades por omisión, la negligencia, las versiones erradas sin reconocer las equivocaciones, la lentitud de respuesta en contra de los marcos legales y los protocolos de actuación, y los abusos de autoridad deben ser erradicados.
