El objetivo es reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 33% para el 2030 como establece en Hoja de Ruta

La industria de cemento dominicana aboga por la aprobación de incentivos, reglamentos y normas de aplicación de la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos que le permita poder utilizar desechos que generan otras industrias y ciudadanos para producir energía térmica, lo que contribuirá a su plan de acción de la Hoja de Ruta del Cemento hacia una economía baja en carbono.

El objetivo de la industria del cemento es reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 33% para el 2030 hasta llegar al 0 en el 2050, a través de la implementación de las mejores prácticas disponibles en la industria para la acción climática en la mitigación de Gases Efectos Invernadero (GEI).

Como sector, las empresas productoras de cemento en República Dominicana fueron las primeras en realizar el compromiso de la descarbonización a nivel país como industria.

La Hoja de Ruta del Cemento hacia una economía baja en carbono evalúa las particularidades de República Dominicana, tales como su contexto, vulnerabilidades al cambio climático y políticas climáticas, a la vez que se abordan los principales indicadores ambientales bajo los cuales se estiman las reducciones alcanzadas y el potencial de reducción de este sector productivo al año 2030.

La directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), Julissa Báez, destacó que dentro de las practicas que desde hace varios años viene impulsando esa industria está la vinculada a la economía circular.

Con esta, las empresas productoras de cemento realizan una valorización (Coprocesamiento) de desechos industriales para convertirlos en combustibles para utilizarlos en sus operaciones, siendo esta la más significativa en el impacto de la reducción de emisiones.

Sin embargo, solo están sustituyendo un 4% de los combustibles fósiles por Coprocesamiento de residuos, debido a la falta de una estructura normativa, como ocurre en otros países. Además, también requiere de incentivos, no solo financieros.