Cinco abogados expertos constitucionalistas afirmaron anoche que en los actuales momentos no existen ninguna razón social para modificar la Constitución dominicana y calificaron como injustificable que se sacrifique la Carta Magna para cambiar solo 10 artículos de la misma.

Plantearon que para pueda entrar en vigencia la Constitución en caso de que sea modificada como propone el Poder Ejecutivo se requeriría un referéndum aprobatorio en el que el pueblo pueda votar de manera directa a favor o en cintra, coincidieron los juristas Leyda Piña Medrano, Eduardo Jorge Prats, Jottin Cury, Manuel Fermín y Maribel Reyes.

Los juristas analizaron el tema en el panel sobre el proyecto de Reforma Constitucional enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), en presencia de Leonel Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo y altos dirigentes de esa organización. Hermógenes Acosta, fue el moderador.

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“Yo si creo que República Dominicana necesita reforma, pero no una reforma Constitucional; yo si creo que necesitamos pagar una deuda histórica de 20 años con una reforma del Código Penal, que se quedó pendiente en la pasada legislatura, si creo que tenemos pendiente una reforma integral al sistema de salud, que reconozca incluso la salud mental que ha afectado tanto”, expresó la jurista Maribel Reyes.

En orden, agregó que también se requiere una reforma laboral “creo que necesitamos una reforma fiscal, que vaya a ver cómo vamos a eficientizar ese gasto público”.

Leyda Piña sostuvo que a la propuesta de Reforma Constitucional del presidente Abinader la falta legitimidad política, porque no tiene el consenso de los actores políticos.

Refirió que en 2022 se propuso una reforma que contemplaba 33 artículos y actualmente se plantean modificar 10 artículos, lo que indica que la reforma no está bien pensada y la calificó como inoportuna e innecesaria, sin razón social justificable.

Cuestionó los cuatro puntos focales de la propuesta de Reforma Constitucional que son la no reelección presidencial más allá de ocho años; limitar a 157 el número de diputados, unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y la Independencia del Ministerio públicos y sería ilegítimo que el Procurador general sea elegido por el presidente de la República.

El jurista Eduardo Jorge Prats, reiteró que existen pocos aspectos que justifiquen una Reforma Constitucional y planteó que para que entre en vigor una Constitución reformada, se requiere pasar por el proceso de referéndum. Explicó que se requiere que haya un consenso en lo político, técnico y social.

Jottin Cury, juez emérito del Tribunal Constitucional, afirmó que no hay necesidad de una reforma Constitucional en estos momentos, pues no hay un interés general, ya que esa reforma no va dirigida a resolver un problema social, por lo que sería inútil y se estaría saltando procesos necesarios.

El jurista Manuel Fermín insistió en que es injustificable la modificación de la Constitución estimó que la Clausura Petrea es un escape. Ctó el artículo 268 sobre forma de Gobierno y su posible modificación.

En tanto que Maribel Reyes sostuvo que la reformaque se plantea no es inegral como la del 2010 y rechazó que se petrifique la Constitución.