Hoy 
Las debilidades del sistema que se ha utilizado para consultar la voluntad popular están debidamente certificadas; se han prestado para restar participación igualitaria a los contendientes y para que alguno de estos se maneje sin pulcritud en la obtención de financiamientos para su campaña, entre otras extralimitaciones.
Los recursos del Estado han podido ser usados sin medidas por proyectos electorales, sobre todo cuando persiguen la reelección, sin que los órganos competentes de la jurisdicción pudieran aplicar sanciones aunque usar los dineros del fisco para groseros fines particulares de la política debería ser tratado como delito grave. Haciendo caer el peso de la ley sobre los transgresores.
Asumiendo iniciativas constructivas, la Junta Central Electoral que va hacia su bautizo de fuego organizando y teniendo que dirigir el próximo ejercicio nacional de votación, motivó como corresponde y reconoce la Constitución, la marcha hacia la adecuación de las normas que la rigen.
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Razonablemente, tanto las autoridades electorales como las organizaciones partidarias deberían decir presente en vistas públicas para dilucidar objetivamente los detalles de los dos proyectos en los que ya están los criterios de la Junta pero que sería prudente verbalizar con el concurso de las entidades políticas que estarían subordinadas a las legislaciones llamadas a entrar en vigencia.
La JCE ya dijo por escrito lo que propone y sería la base para discusiones.
