Hoy 
Armada de un marco jurídico que ha perdido la mayoría de sus partes revocadas paulatinamente por inconstitucionales, la JCE hizo lo correcto al reafirmarse ante las representaciones del sistema partidario como lo que le corresponde legalmente: regular y administrar procesos sin hacer las veces de «verdugo». Conciliadoramente, como apremiada por dejar atrás las contradicciones generadoras de ruidos, el órgano electoral mostró disposición a revocar la resolución que limita el proselitismo de precampaña. Hablando la gente se entiende y lo fundamental sería marchar desde el presente con transparencia y equidad hacia las dos fases de consulta popular en el 2024 sobre la base de la confianza de quienes participen en ella.
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Llama la atención el que la JCE sienta, como expresó su presidente, Ramón Jáquez, que ha estado navegando sobre «vacíos legales, contradicciones e inconstitucionalidades» o, en otras palabras, afectada por decisiones jurídicas desafiantes que convocan a los liderazgos partidarios a actuar con prudencia, buena voluntad y sujeción a los principios democráticos y mandatos de la Constitución que en el artículo 212 consagra las competencias de la JCE. Su llamado incluye legitimar los ejercicios pre y electorales en consultas quincenales con todas las direcciones del órgano abiertas a observaciones y recomendaciones. El camino debe quedar despejado con actitudes de flexibilidad democrática que reafirmen que el país ha madurado políticamente.
