Por Jorge Amado Méndez

En las últimas tres décadas, la República Dominicana ha sido testigo de un notable crecimiento económico. El PIB de la nación ha pasado de 7.07 mil millones de dólares en el año 1990 a más de 121.44 mil millones de dólares en el año 2023. Esto, gracias a una serie de reformas estructurales implementadas a lo largo de este período, tales como las reformas arancelarias y tributarias, la estrategia de incentivos fiscales a sectores específicos, y la promulgación de leyes como la Ley de Incentivo Turístico, la Ley sobre Fomento de las Zonas Francas y la Ley de Inversión Extranjera, entre otras. La implementación de estas políticas públicas, junto a un ambiente de estabilidad social y político, es lo que ha permitido a la República Dominicana superar múltiples desafíos internacionales, incluidas severas crisis como la del COVID-19, y aún así, continuar en el camino del crecimiento y desarrollo.

Puede leer: Minería Urbana: El Futuro de la Sostenibilidad en Santo Domingo

La República Dominicana disfruta hoy de un entorno que garantiza seguridad jurídica para las inversiones, y el manejo de nuestra economía ha sido reconocido por todos los organismos multilaterales y locales. El mismo Banco Central informó unos meses atrás que “el índice de bonos de mercado emergentes para la República Dominicana, calculado por la firma estadounidense de servicios financieros JP Morgan Chase, el cual sirve de referencia para el riesgo país de las economías emergentes y en vías de desarrollo, se ha ubicado un 32.5% por debajo del promedio regional de América Latina y 22.6% por debajo del promedio global, a niveles inferiores al de economías como México, Colombia y Panamá”.

El presidente Luis Abinader, consciente de la importancia de la inversión del sector privado como principal motor de la economía y el crecimiento ha promovido los proyectos desarrollados bajo el esquema de alianzas público-privadas. Un instrumento que permite articular acciones conjuntas entre ambos sectores para la identificación de prioridades, elaboración de propuestas, monitoreo de ejecución de las medidas adoptadas y garantía de resultados efectivos.

Para fortalecer más aun estas políticas, el pasado mes de junio, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 337-24 que crea la Comisión Meta RD 2036. ¨La Comisión Meta RD 2036 tiene por objetivo articular los sectores público y privado, para identificar las acciones y reformas necesarias que permitan lograr la meta de duplicar el tamaño del PIB real dominicano al año 2036, así como lograr las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y en la Estrategia Nacional de Competitividad (ENC). Es una meta ambiciosa, sí, pero alcanzable.

Uno de los pilares de sustentación para lograr estos objetivos, lo constituye la concretización del pacto fiscal, a través del cual el país pueda generar la eficiencia fiscal y tributaria que nos permita incrementar la inversión y el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la estabilidad social y económica. En el marco de estos objetivos, el gobierno sometió el proyecto de ley de modernización fiscal, retirado del Congreso días después como resultado del rechazo a la propuesta por la mayoría de los ciudadanos. Si queremos alcanzar la meta propuesta, el presidente Abinader debe motivar los diferentes sectores del país a tomar la vía del diálogo, es fundamental para el presente y futuro de nuestra economía que nos aboquemos a diseñar una propuesta de reforma fiscal viable y consensuada.