Hoy 
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) recibió las certificaciones ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento Regulatorio e ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno, certificando los procesos de compras y contrataciones públicas sobre estos estándares internacionales, en cumplimiento del decreto 36-21 sobre el Programa de Cumplimiento Normativo para las Contrataciones Públicas y el decreto 791-21 sobre las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo.
“Hemos apostado a una transformación profunda y constante del ministerio. Asumimos esta gestión sin paños tibios; donde la ética, la transparencia y el bien hacer no son negociables”, afirmó Victor Bisonó (Ito), ministro del MICM.
Asimismo, agregó que “desde el MICM buscamos impulsar lineamientos, normas y políticas de prevención y detección del incumplimiento regulatorio, actos de corrupción e irregularidades administrativas para potenciar los estándares de transparencia en la administración pública”.
El alcance de esta certificación abarcó procesos sensibles en la administración pública como el cálculo de precios de combustibles, la renovación de distintivos adhesivos de unidades de transporte de combustible, evaluación técnica de funcionalidad de terreno y habilitación, entre otras.
Generan biogás a partir de la codigestión del sargazo
Queja por manejo tema presupuesto
República Dominicana ha retrocedido 20 años en relación a la transparencia con que se maneja el Presupuesto General del Estado, ya que la Dirección General de Presupuesto no está publicando a tiempo las asignaciones de las partidas presupuestarias, lo que perjudica a los beneficiarios de sentencias judiciales, aseguró el jurista Ángel Lockward.
En una carta dirigida al viceministro de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, José Rijo Presbot, Lockward explica que las leyes 107-13 y 86-11, en particular el reglamento 198, en su artículo 7, establecen la obligatoriedad, a cargo de la Dirección General de Presupuesto, de comunicar a las personas físicas y jurídicas la inclusión de las sentencias condenatorias, por lo tanto asegura que no incluirlas es desacatar las sentencias e incluirlas y no comunicarlo es violar la normativa.
Señala que en este año hay previsto para el pago de deudas RD$13,000 millones, los cuales se pretenden utilizar discrecionalmente en perjuicio de las leyes, la transparencia y los beneficiarios de sentencias judiciales.
