Abinader y el proyecto minero Romero

La primera obligación de un presidente es escuchar los reclamos de la población.

El presidente Luis Abinader no debe temer a los sectores que adversan su decisión de suspender las actividades vinculadas al proyecto minero Romero, en San Juan. Al hacerlo, respondió a una demanda ampliamente expresada por la sociedad sanjuanera y por buena parte del país en defensa del agua, la salud, la tierra productiva y la vida.

Los grupos empresariales y sus voceros alegan que la medida afecta la libre empresa y la seguridad jurídica. Pero ninguna inversión puede colocarse por encima de la Ley 64-00, de la Evaluación Ambiental Estratégica, de la consulta pública ni del derecho comunitario a ser escuchado.

GoldQuest, empresa canadiense con participación de inversionistas dominicanos, ha reiterado su interés en defender el proyecto. También se ha resaltado el impacto de la decisión en sus acciones. Sin embargo, una cotización bursátil no puede pesar más que los ríos, la presa de Sabaneta, la agricultura y el futuro regional.

Si la empresa hubiese entendido que un proyecto de alto impacto necesita información clara, transparencia, consulta seria y aceptación social, quizás no enfrentaría este rechazo.

San Juan no se opone al desarrollo. Se opone a que le cambien su destino sin tomarlo en cuenta.

La minería no puede avanzar donde la gente dice no con razones.

El mundo está cambiando. Burkina Faso, por ejemplo, ha nacionalizado minas específicas y aumentado su participación estatal en proyectos estratégicos para recuperar control sobre su oro. Ese debate recuerda algo esencial: los recursos naturales no pueden gobernarse solo desde bolsas extranjeras, sino desde la soberanía, la ley y el interés nacional.