Inversiones extraordinarias

En el corazón de la economía, un fenómeno emergente se despliega como un hilo invisible que teje una narrativa de transformación y esperanza: el flujo constante de capitales privados hacia el sector energético. Este movimiento no solo refleja cifras en balances, sino que simboliza una apuesta por la construcción de capacidades estructurales que sostendrán el desarrollo del país en las próximas décadas.

La visión de un sistema eléctrico autosuficiente y diversificado requiere de un liderazgo estatal firme que actúe en un marco de regulación adecuada y sistemas de incentivos diseñados para promover la inversión privada en un entorno transparente y competitivo. La clave radica en la capacidad del Estado para crear un ambiente donde la inversión fluya con confianza, donde las reglas sean claras y las oportunidades visibles para todos los actores del mercado, fomentando así un ecosistema propicio para el crecimiento sostenido.

El proceso de capitalización de la CDEEE generó un modelo de mercado que, en su concepción, parecía equilibrar la oferta y la demanda mediante dos mecanismos principales: contratos a largo plazo y un mercado de costo marginal, conocido como mercado spot. La idea era que los contratos, resultado de licitaciones internacionales, aseguraran una base estable de generación, mientras que el mercado spot fomentaría la competencia entre generadores, ordenados por costo de producción, desde el más barato hasta el más caro. El precio en este mercado, determinado por la última planta despachable, establecía el valor que recibirían todas las plantas, incentivando la inversión en nuevas capacidades para mejorar la posición en la competencia y garantizar la expansión del sistema eléctrico. Las primeras plantas despachadas tienen la posibilidad de vender más energía y obtener mayores ingresos, promoviendo así un ciclo de inversión y expansión. No obstante, la realidad mostró una desconexión con esta visión idealista. La experiencia en RD evidenció que, entre 2003 y 2012, las inversiones en nuevas plantas fueron escasas, incluso inexistentes en ciertos períodos. La capacidad instalada en 2003 era de 3,340 MW, y en 2012 alcanzó los 3,550 MW, lo que significa que en nueve años solo se añadieron 210 MW de capacidad. El dato revela que el modelo no logró incentivar la inversión necesaria para sostener el crecimiento y la estabilidad del sistema, poniendo en duda la efectividad de las políticas implementadas. Una reflexión revela que los modelos económicos y regulatorios deben adaptarse a las realidades específicas, reconociendo que las teorías, por muy bien fundamentadas, no siempre se traducen en resultados efectivos sin un contexto adecuado y una gestión comprometida. La falta de inversión en nuevas capacidades de generación, en un escenario donde la demanda eléctrica crece de manera constante, conduce a la escasez o a una oferta precaria en horas pico, además de la obsolescencia del parque generador, lo que encarece el precio de la energía en el mercado spot y afecta a los consumidores.

En situaciones como las descritas, el Estado debe tomar la iniciativa de estimular la inversión con licitaciones internacionales para la contratación de nuevas plantas, asegurando así un crecimiento sostenido y mayor estabilidad en el suministro. Sin embargo, tras la construcción de la planta de AES Andrés y su terminal de gas inaugurada en 2003, solo se realizó una licitación. Fue la de Punta Catalina, en 2013, que generó controversias y escándalos, y un incremento en el endeudamiento estatal para completar un proyecto presupuestado en 1,945 millones de dólares y terminó costando 3,278 millones, según auditoría reciente de la Cámara de Cuentas. Se evidenció fallas en la gestión y planificación. Desde 2020, el gobierno logró recuperar la confianza del sector privado para invertir. El crecimiento actual evidencia una recuperación sólida y una confianza renovada que se traduce en beneficios económicos y sociales para el país.