Atención consulados

La lectura de los Programas de Gobierno provoca sentimientos opuestos. El momento determina si revive esperanzas o aviva frustraciones. La ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos los obliga a: “Depositar el Plan de Gobierno Nacional en la JCE y en las juntas electorales a más tardar treinta días después de inscritas las candidaturas de los candidatos presidenciales y municipales”. El texto siempre es un dechado de perfección programática, acopio de anhelos y propósitos. Votar por las propuestas no ha sido costumbre, pero la exigencia debe cumplirse.

Cuando se revisan sus acápites la decepción reina y quizás la única conclusión razonable, antes de las excusas para las realizaciones truncas, es que dos períodos gubernamentales no son suficientes para cumplir lo prometido. Con la espectacularidad propia del régimen y un cuestionable sentido de la oportunidad, seis años después asoma una de las promesas del Cambio contenida en el Programa de Gobierno -2020-2024- para contrarrestar las falencias más que conocidas y el festín denunciado en el servicio consular. El presidente ha dispuesto que “la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro”. De inmediato los áulicos comenzaron a repartir alabanzas, aunque la aplicación no será inmediata. La decisión es publicada en medio del torbellino producido por los inconvenientes internacionales y se discute junto con el pendiente de las devastadoras inundaciones que no arrastran las imputaciones de corrupción. Difunden la buena nueva y acompaña la noticia las visitas de la comisión oficial a los representantes de la difusa oposición, ese peregrinar fatuo que pretende diálogo sin saber para qué. Fácil intuir que es estratagema, subterfugio demagógico para aplazar decisiones impostergables. En el capítulo del Programa dedicado a “La política exterior en el Gobierno del Cambio” se establece: “la política exterior dominicana ha sido tradicionalmente de carácter pasiva y reactiva, y su servicio exterior cedido como botín político”. Agrega la mención “de escándalos incurridos por diplomáticos y cónsules activos y fuera del servicio. Por lo general, las respuestas del MIREX han sido inadecuadas, inexistentes, o tardías”.

El botín se ha mantenido desde el 2020 como descarada y agradable recompensa. Las infracciones cometidas por cónsules y diplomáticos se quedan en reportajes y rumores.

Desde la época de la “irrestricta sumisión”- como califica Joaquín Balaguer la condición humana durante la tiranía- hasta la contemporaneidad, las tropelías son muchas. La diferencia con otro tiempo está en el talante de quienes desempañaban esas funciones. Otrora, fueron personajes poseedores de una perversa brillantez, incomparables con la mediocridad del relevo. Las promesas de cambio en el servicio consular y diplomático siempre resultan atractivas, pero algo ocurre que detiene ímpetus transformadores. La real politik aflora, basta releer decretos para constatar la realidad. Más allá del negocio de ventas de visas atribuido a los cónsules dominicanos acreditados en Haití detallado por Carolina Pichardo en un reportaje publicado en el Listín Diario-28.11.2022, el desparpajo consular es vox populix. Militantes y colaboradores alardean de su bienestar fraudulento en la época de la virtud. Ahora esos beneficiarios disponen de unos meses para hacer acopio de ganancias. Consecuencias no habrá.