La avaricia fiscal con daño social colateral

El desmesurado énfasis del sistema tributario en gravar la adquisición de polizas de seguros de vida por ciudadanos que aspiran a proteger financieramente a sus descendientes tiene a este país convertido en exportador de recursos financieros: US$350 millones se están fugando al año de la disponibilidad local y de la significativa utilidad social de toda una porción de recursos que aquí, su lugar de origen, deberían estar como antes disponibles para inversiones a través del sistema local que le corresponde y en calidad de reserva para garantías de cobertura a clientes de las aseguradoras.

La mayoría de los usuarios nacionales de ese ramo de protección, usualmente generador de un significativo ahorro, han huido hacia la contratación en el exterior de los auxilios económicos a sus seres queridos; deplorables decisiones en perjuicio de la fluidez crediticia y de las captaciones fiscales sin dejar por eso de ser inteligentes y prácticos. No es su culpa que el Estado dominicano cometa la torpeza de desincentivar la operatividad de un mecanismo que, menguado en sus ingresos por culpa de otros, desnutre la función del sistema bancario para beneficio de sujetos de crédito de otras geografías en las que no se abuso con tributos.

Con una rigidez y eficiencia que debería reservarse para elevar recaudos por ITEBIS e impuestos sobre la renta de exiguos frutos todavía a pesar de esfuerzos por reducir evasiones que en el país superan la tasa promedio regional, un Fisco sin sentido de las proporciones solo acentúa embestidas sobre los sectores productivos de absoluta transparencia; que generan ingresos sin rehuir obligaciones con el Estado ni con la sociedad. Aquellos que brillan por su lealtad al sistema legal dominicano están constituidos en “out” fáciles para los cobradores de impuestos. A pesar del crecimiento sostenido de la economía la intermediación de los seguros de vida, que hasta hace algún tiempo daba curso a pólizas por unos US$35 millones al año, hoy es un capítulo reducido a US$7 millones. Se trata de un descenso de medios para la protección social que se traduce en mayor carga para el Estado y la economía privada.