Las fallidas restricciones al uso de armas de fuego

Sin que sea legal la entrada ni libre su comercio, durante los años 2024 y 2025 más del 50% de los homicidios en República Dominicana fueron cometidos con armas de fuego y aunque en el lapso no se emitieron nuevas licencias, cientos de miles de ellas fueron legalizadas por renovación para porte y tenencias incluso con facilidades y “periodos de gracia” para pago de impuestos a todo el que las tuviera con permisos vencidos; tratándose entonces de mortíferos artefactos situados ya al margen de la ley; y aquel que incurriera en no regularizar a tiempo su posesión evidenciaba un comportamiento de irresponsabilidad ciudadana que lo descalificaba para transitar con capacidad de disparar.

Estimular la proliferación de recursos letales en el seno de la sociedad como ocurre cuando el Estado actúa contradictoriamente al colocar previamente, al menos en teoría, una restricción total a ellos desde el 2006 para luego admitir esas mismas autoridades que la violencia que se manifiesta en la vida civil desde individuos sin conflicto con la ley es mayor y sega más vida que lo que suele cometer la delincuencia común que tanto daños causa también.

Casos de alarmante magnitud han sido informados mediante publicaciones oficiales tras detecciones ocasionales de armas de fuego hasta de alto calibre que fluían en tránsito clandestino de ida y venida a través de la porosidad fronteriza entre Haití y República Dominicana. Traficantes mayores han puesto en evidencia una vulnerabilidad transnacional y múltiple que ha estado conectando a las dos países de la isla Hispaniola con Estados Unidos, el gran proveedor como fabricante y vendedor legal, convicto y confeso, de los armamentos de primera categoría con que feroces bandas se han apoderado de Haití.

El porte de armas de fuego por el crimen organizado que opera en el país es atribuido parcialmente al contrabando que se evidencia mediante la detección de alijos en revisiones aleatorias en aduanas a cientos o quizás miles de toneles que llegan continuamente al país confundidos con alimentos y efectos del hogar enviados desde Norteamérica a sus familiares. por dominicanos residentes.