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Al iniciarse el año escolar anterior República Dominicana mostraba un resultado ascendente en presencia de estudiantes en las aulas (83% viniendo de preocupantes niveles inferiores) y de mejores rendimientos en lectura, escritura y matemáticas y pronto se sabría si en el período posterior que concluye con el arribo del 2026 hubo algún consistente ascenso en la calidad docente situada en el último tramo (posición 77) de las mediciones aplicadas por organismos internacionales a 80 países. La señales no son muy alentadoras en el sector público de la enseñanza, principalmente.

Una marca que aun indicando algún progreso, tiene al país alejado de las cotas que corresponden en este momento a las naciones que deben superar los lastres del subdesarrollo generalmente por fallas estructurales y por el efecto indirecto de la marginación social causada por los bajos ingresos en que está atrapada una parte de la población que no tiene acceso a los centros docentes más calificados del ámbito privado.

En la relativa inferioridad de la enseñanza pública, que aun beneficiada con un incremento presupuestal anual al 4% en el 2013 tiene pendientes todavía sus más importantes metas, han influido contradicciones entre las autoridades de la educación preuniveritaria -flexibles, consecuentes y quizás demasiado tolerantes- y el gremio de los profesores sujeto a un liderazgo de posiciones radicales con recurrentes paralización de clases, calificadas por el Ministerio educativo como una "tragedia nacional".

Aun siendo justas y procedentes las demandas que formula la agrupación magisterial, que no ha estado exenta de los beneficios de una mayor inversión del Estado en el sistema de enseñanza, la intensidad y frecuencia de las protestas de la ADP está considerada por la propia cartera educativa como una violación al derecho al aprendizaje y un obstáculo para el proceso formativo.

Contra la falta de identificación de ese sindicalismo con la suprema causa de asegurar desde las escuelas el futuro de la nueva generación se ha pronunciado incluso Acción Empresarial por la Educación, Educa, que atribuye al luchismo profesoral echar por la borda RD$760 millones anuales de los contribuyentes.

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