Secretos mal guardados que deberían emerger

Omisiones en aplicar auditorías de ley a entidades que reciben recursos del Estado o en divulgar los resultados han mantenido inexplicablemente fuera de la luz durante años para el debido escrutinio ciudadano la forma en que la mayoría de los partidos políticos ha usado gruesos recursos del Erario que la ley les reserva y así poder certificar o negar transparencia. Un vacío de vigilancia sobre asignaciones que la previsión constitucional de la separación y autonomía de los poderes y entes fiscalizadores debería evitar a toda costa, lo que se logra con cierta regularidad cada vez que los senadores y diputados demuestran fehacientemente que no siempre siguen pautas del Ejecutivo y que han estado decididos a aplicar criterios propios. Verbigracia: los pareceres presidenciales a favor de las tres causales que despenalizarían la interrupción del embarazo en limitados casos no han vencido un sistemático rechazo legislativo.

Una alegada falta de equidistancia y neutralidad en la agenda de la Cámaras de Cuentas específicamente provino antes de las propias organizaciones partidarias que están ahora en la oposición y que acusaron al organismo de control externo de estar demasiado enfocado en revisar gestiones en la Cosa Pública anteriores a la presente para sustentar expedientes judiciales contra exfuncionarios, descuidando su rol fiscalizador sobre la actualidad. Sin embargo a la ciudadanía debe preocuparle el que esos mismos partidos políticos hayan estado a salvo de que se les revise financieramente, o de que sea expuesta públicamente la forma en que han gastado los generosos aportes provenientes del Presupuesto situado inexplicablemente en aparente condición de secreto de Estado por no aplicación o discontinuidad de las verificaciones que proceden.

Mucho menos si desde el 2009 trascendían informe sobre presuntas irregularidades encadenadas en el destino de fondos utilizados por ellos hasta ese año incluyendo gastos de campaña sin justificaciones, compras sin cotizaciones para de ese modo contrastar ofertas, presagiándose que cualquier auditoría de minuciosidad profesional habría de descubrir aplicaciones sin la aprobación de controles externos bajo un “patrón sistemático” que eludió contabilidad sobre más de 28 mil millones de pesos puestos en manos partidarias.