Sensibles daños a los más vulnerables del país

Las inclemencias meteorológicas han puesto al Gobierno en la dirección correcta y con el énfasis que demandan las circunstancias de asistir al mayor número posible de familias afectadas –que llegan a miles- con daños a bienes y riesgos a la vida. El hecho comprobado es que un sector numeroso de la población no está situado en la condición habitacional ni en los puntos de la geografía nacional más apropiados para resistir furias naturales.

Durezas del clima pronosticadas para extenderse por toda una semana con 28 provincias puestas en alerta, que en algunos casos han llegado al grado mayor de peligro inminente y señal roja, como ocurrió en lunes para el Gran Santo Domingo suficiente para mover a previsiones que parecieron algo tardías aunque en sentido general los órganos especializados en orientar a la población han estado a la altura de los acontecimientos: aguaceros, ráfagas de viento y granizos que inundaron y dañaron propiedades dejando dos personas fallecidas.

Admítase con franqueza que la primera imprevisión ocurrió al mirar con indiferencia que la demografía de la pobreza se extendía ilimitadamente hacia zonas bajas del territorio nacional y hasta lechos secos de ríos y cañadas que las aguas torrenciales suelen reclamar súbitamente cada vez que resurgen comportamientos inmoderados de elementos naturales. Válido que el Estado dominicano se reserve, para el momento oportuno que podría estar cerca, apelar a mecanismos internacionales a los que tiene legítimo acceso en casos de emergencias formalmente declaradas como hizo recientemente con la atención puesta en varias provincias tras la primera visita de una vaguada y sistema frontal a ser seguidos de inmediato por otros fenómenos de la misma severidad.

Créditos de rápidos desembolsos y baja tasa de interés reservan al país el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y están abiertos a las urgencias nacionales el Fondo para la Resiliencia y el Cambio Climático y el Fondo Verde para el Clima, GCF, en capacidad de financiar la mitigación a daños, cubrir gastos extraordinarios y dar asistencia para objetivos desarrollistas posteriores a desastres.