Haciendo historia

Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, lo calificó como un hecho histórico, pero debió decir también que es otra prueba de lo apetecible que resulta hacer negocios con el Estado dominicano y sus instituciones, del que quieren servirse con la cuchara grande aquellos que, por su condición de funcionarios, deberían pensar primero en servir desde sus puestos a sus conciudadanos. Según sus declaraciones, la institución ha suspendido a cerca de 300 funcionarios del Registro de Proveedores del Estado por encontrarse en el régimen de incompatibilidad. Y aclaró de inmediato que no se trata de una sanción sino que la ley les prohíbe suscribir contratos con el gobierno por ocupar cargos públicos, por lo que se trata de una acción preventiva para evitar conflictos de intereses e irregularidades administrativas en los procesos de contratación.

Entre esos funcionarios figuran senadores, diputados, ministros, alcaldes, regidores y hasta vocales, como si se tratara de una fiesta en la que todos tienen derecho a bailar, siempre y cuando ocupen una posición pública y se crean con derecho a convertir esa condición en un privilegio que les permita enriquecerse a costa del Presupuesto Nacional. Lo digo de esa manera porque cuesta creer que no pensaran utilizar sus cargos y relaciones para hacer buenos negocios y llenarse los bolsillos, pues para nuestros políticos hacerse de una fortuna es una garantía de que podrán seguir compitiendo con posibilidades de éxito en una actividad que se ha encarecido de manera exorbitante. Eso quiere decir, sencillamente, que esos funcionarios a los que acaban de cerrarle esa puerta tendrán que buscársela de otras maneras, que siempre las hay si se busca bien, para resolver ese problema y asegurarse un futuro, y no dude usted que lo consigan o los ayuden a conseguirlo. Otra de las razones por las cuales, como dice un colega, la corrupción de los políticos, sus socios y cómplices, no se va a terminar nunca.