La importancia de conocer las leyes

Hasta que todos los empleados de la administración pública entiendan la responsabilidad que tiene el Estado frente a sus ciudadanos, estaremos a expensas del tráfico de influencias, tan criticado, pero donde las cosas no funcionan como debe ser, siempre habrá que valerse de un amigo o de alguien que este “pegado” para conseguir en el tiempo y el espacio el servicio buscado donde solo la administración tiene la competencia para ofrecérnoslo.

Todo esto viene al caso de un pariente que hace 15 años se graduó de bachiller, cursó carrera militar para lo cual debió haberse graduado en la secundaria, pero hace dos años quiso entrar a la universidad a estudiar Derecho, cosa que no pudo porque sus documentos no aparecían en los registros de Educación.

Si en el Ministerio de Educación le hubieran facilitado su certificado de bachiller, estuviera en la mitad de la carrera de Derecho, pero nunca es tarde. El protagonista de esta historia se enteró de que existía la Ley de Acceso a la Información, la 200-04, que en su artículo 8 otorga un plazo de 15 días hábiles para la entrega al ciudadano de la información solicitada.

Se acogió a la ley y solicitó al Ministerio de Educación -vía la oficina de acceso a la información- el destino de su certificado de bachiller. Me cuenta que en la oficina de acceso a la información no le querían recibir la reclamación, pero él fue listo y pidió hablar con el encargado, cosa que logró, y al cabo de los 15 días que establece la ley le entregaron el documento que había solicitado hace dos años.

Como este caso existen numerosos; por ejemplo, a la hija de una amiga que había dejado la universidad, al cabo de un tiempo decide estudiar en otra academia y no quería irse transferida, sino ingresar como nueva.

Le ocurrió lo mismo que a mi pariente: primero no aparecía su certificado de bachiller y para ver si lo conseguía le pidieron que llevara el de octavo, el cual no apareció en el registro del Ministerio, y eso que había estado en la universidad del Estado, donde jamás la inscribirían si no llevaba todos los documentos donde el certificado de bachiller es clave.

El caso fue que debió ir al interior donde había cursado el octavo curso, en la regional le entregaron una constancia, pero aun así no le valió para poderse inscribir. Al final se decidió por ir a la UASD para que le dieran un duplicado de los documentos que había depositado y eso fue lo que la salvó -para poder con esos documentos- volver al ministerio para que le buscaran una certificación original o de lo contario la inspiración de terminar la universidad la iba a perder.

A veces cuando acudimos a una institución pública, las cosas funcionan rápido si alguien de los que están ahí te conoce, si vas recomendado, pero si es una gente común y corriente la pasa muy mal porque no hemos entendido que desde las instituciones públicas estamos obligados a servirle a todos los ciudadanos sin discriminación de ningún tipo.

A veces hacemos la fila y cuando llegamos hasta el funcionario éste argumenta “debo ir al baño, hoy no he desayunado y tengo hambre», se va sin pedir excusas y luego regresa con su cara dura, y si le falta algún dato, el ciudadano debe irse hasta tener mejor suerte.

Otras majaderías ocurren porque no le caemos bien a la persona que está llamada a servirnos, como fue el caso que me ocurrió: recién llegaba de viaje y en la aduana una joven que me atendió tomó mi pasaporte, me preguntó si traía artículos que ameritaran pagar impuestos, le dije que no, luego me preguntó ¿usted solo trae ropa? Le dije claro, tenía tres días fuera del país cumpliendo una labor oficial y esa es la ropa con la que ando- en una pequeña maleta-, el caso es que la joven me la quería poner difícil, pero una supervisora que me reconoció me dijo: “Venga doña Altagracia, tanto que la admiro», y así salí del trance.