La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

En pleno siglo XXI, cuando los avances científicos deberían blindar a la niñez de enfermedades prevenibles, los rumores y las noticias falsas vuelven a poner en riesgo sus vidas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado la “vacilación vacunal” como uno de los diez mayores peligros para la salud pública global. En América Latina, la cobertura de inmunización infantil retrocede a niveles de hace más de una década, con rebrotes de sarampión y poliomielitis como pruebas del costo de la desinformación.

En República Dominicana, la Encuesta Nacional de Hogares ENHOGAR-MICS 2019 reveló que solo el 44% de los niños de 12 a 23 meses había recibido todas las vacunas básicas para su edad. La pandemia de COVID-19 y la ola de teorías conspirativas diseminadas en redes sociales han agravado ese déficit. Cada video que se vuelve viral o esos mensajes en WhatsApp que siembran miedo sobre los supuestos riesgos de las vacunas termina debilitando la confianza en los sistemas de salud. El resultado es: más niños y niñas expuestos, menos protección colectiva.

El problema es aún mayor cuando la desinformación no surge solo de cuentas anónimas en redes, sino de figuras de máxima autoridad. En días recientes, el presidente de Estados Unidos, sugirió en una conferencia de prensa reciente que el uso de Tylenol (acetaminofén) en embarazadas podría estar vinculado al autismo en niños y niñas, y planteó que algunas vacunas deberían retrasarse o aplicarse por separado.

A su lado, el secretario de Salud, insistió en cuestionar la seguridad de las vacunas infantiles y llegó a comparar los testimonios de madres que atribuyen el autismo de sus hijos a la vacunación con los relatos de sobrevivientes de agresión sexual, usando consignas del movimiento #BelieveWomen. Una equiparación que ya fue calificada de “irresponsable” por organizaciones médicas y de derechos humanos, ya que trivializa luchas sociales y siembra dudas sin sustento científico.

En estas declaraciones resuenan ecos de un pasado oscuro: el de la eugenesia, un movimiento pseudocientífico del siglo XX que, bajo la premisa de “mejorar la raza”, promovió la exclusión y esterilización forzosa de personas consideradas “indeseables”. Si bien los discursos actuales no lo enuncian de manera explícita, el trasfondo de relacionar el autismo con errores médicos o con decisiones maternas durante el embarazo reproduce narrativas estigmatizantes que criminalizan la diferencia y reducen la diversidad humana a una supuesta anomalía a evitar.

El peligro radica en que la desinformación sobre vacunas y medicamentos no solo debilita la salud pública, sino que también abre espacio a ideologías que ven en la enfermedad, la discapacidad o la neurodivergencia un fracaso social, en lugar de reconocer derechos, dignidad y diversidad. La OMS y organismos de derechos humanos han insistido en que este tipo de visiones alimentan la discriminación de forma estructural.

La OMS, agencias europeas y asociaciones pediátricas internacionales han rechazado categóricamente cualquier vínculo entre vacunas y autismo, así como entre el acetaminofén y esa condición. No existe evidencia científica confiable que respalde tales afirmaciones. Estudios epidemiológicos realizados durante más de dos décadas en millones de niños en distintos países han demostrado que las vacunas son seguras y efectivas.

Cada una de las declaraciones infundadas que se pronuncian desde podios oficiales se traduce en padres y madres que dudan en vacunar a sus hijos e hijas, reduciendo las coberturas y debilitando la inmunidad colectiva; niños que vuelven a estar expuestos a enfermedades ya controladas; polarización social que entorpece las campañas de salud pública; mujeres embarazadas confundidas, que pueden privarse de medicamentos seguros por miedo; y la peligrosa estigmatización de la neurodiversidad, cuando condiciones como el autismo son asociadas a una supuesta “degeneración” social.

En contextos donde las instituciones enfrentan ya limitaciones presupuestarias y desigualdades estructurales, el impacto de la desinformación es mayor. América Latina no puede darse el lujo de retroceder en inmunización. La respuesta requiere políticas públicas robustas, campañas educativas claras y responsabilidad de las plataformas digitales para detener la circulación de noticias falsas que ponen vidas en riesgo.

La niñez no puede ser rehén de discursos oficiales carentes de evidencia ni de algoritmos que amplifican el miedo. Protegerla exige defender la verdad científica, reforzar la confianza en los sistemas de salud y garantizar el acceso universal a las vacunas. Cuidar la infancia de la desinformación —y evitar la reedición de viejas lógicas eugenésicas— es, hoy más que nunca, un acto de justicia intergeneracional.