¿Les digo algo?

Las Dunas de Baní, formación geológica y ecosistémica única en el Caribe, se nos muere en la cara. Su valor ecológico es incalculable: hábitat vital, barrera natural y refugio de biodiversidad. Están en peligro inminente: asedio sostenido, daños comprobados por el Ministerio y la Procuraduría Ambiental, presiones inmobiliarias, asentamientos clientelares y la sombra del negocio de los áridos. En este contexto, es inadmisible la propuesta del senador Julito Fulcar para “delimitar” linderos y reconocer asentamientos dentro del área protegida. La Ley 202-04 ya los fija; reabrirlos es abrir la puerta a la fragmentación del patrimonio. No hay eufemismo que maquille el retroceso. Esta agonía no es casual. Es fruto de complicidades históricas entre políticos, poderosos “inversionistas” y militares que han permitido su depredación sistemática. La indiferencia las ahoga. Mientras el Ministerio de Medio Ambiente anuncia investigaciones que se repiten sin consecuencias, el saqueo de arena, la expansión urbana, la tala y la repartición ilegal de tierras siguen sin freno. ¿La “solución” es mutilarlas? Pretensiones legislativas para modificar límites y legalizar lo ilegal son una afrenta: intento de blanquear décadas de abandono cómplice. La ley es clara: las áreas protegidas son irreductibles y deben respetarse.

La causa del desastre no es la falta de normas, sino la falta de voluntad (¿o la voluntad pervertida?) para aplicarlas contra quienes lucran del caos. La salida no es cosmética: urge un plan de manejo efectivo con presupuesto, vigilancia permanente, restauración ecológica y un régimen de consecuencias real: multas, decomisos, sometimientos, que rompa el círculo de la impunidad.
Las salvamos con hechos o seremos cómplices de su desaparición.