Cuando la ley no se cumple: el drama de la seguridad vial en dos ruedas

El tránsito en el Gran Santo Domingo se encuentra al borde del colapso por múltiples causas, pero una de las más determinantes es el crecimiento descontrolado del parque de motocicletas. En 2024, la República Dominicana registró 3,531,967 motocicletas, lo que representa el 57 % del total de vehículos en circulación.

El país ocupa el primer lugar de América Latina en motocicletas por cada 100,000 habitantes, con una tasa de 29,670, muy por encima de Perú (24,000), Colombia (16,469), Brasil (12,425), México (7,744) y Argentina (8,732). Esta realidad tiene un impacto directo en la seguridad vial y en la calidad de vida urbana.

Las conductas de alto riesgo de una parte importante de los motoristas, zigzagueo entre vehículos, circulación por aceras, irrespeto a los semáforos y adelantamientos temerarios, se han convertido en un factor cotidiano de estrés y peligro para conductores y peatones.

Las cifras confirman la magnitud del problema. De acuerdo con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, en 2024 fallecieron 3,114 personas en accidentes de tránsito, lo que equivale a 20.02 muertes por cada 100,000 habitantes. De ese total, 2,193 víctimas se desplazaban en motocicletas, es decir, el 70.48 % de las muertes registradas.

Estos niveles de mortalidad superan ampliamente los de otras causas de violencia en el país, como la criminalidad o la violencia de género. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2023 la República Dominicana ocupó la posición 12 a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes, solo por debajo de varios países africanos, de Medio Oriente y de Haití América Latina.

Paradójicamente, el país cuenta con un marco legal robusto, encabezado por la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además de reglamentos específicos para motocicletas y bicicletas. Sin embargo, la débil fiscalización y la falta de consecuencias han convertido estas normas en disposiciones de cumplimiento limitado.

Aunque existen motoristas que conducen con responsabilidad, empleados, estudiantes y motoconchistas que respetan las reglas, también persisten prácticas de alto riesgo como el transporte de varios pasajeros sin casco, niños incluidos, o el traslado de cilindros de gas propano, situaciones que multiplican el potencial de tragedias.

Los reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) durante las festividades de Navidad y Año Nuevo confirman, año tras año, el peso desproporcionado de las motocicletas en los accidentes y las muertes en carretera.

Con este caos, conduzco con más precaución; a la salida o entrada del edificio de Telesistema Dominicano miro a ambos lados de la acera para no tener un “encontronazo” con un furtivo motorista, cuando voy a doblar a la izquierda o la derecha chequeo el retrovisor no vaya ser que un intrépido en el momento del giro intente adelantarse y me choque, cuando el semáforo muestra el verde espero unos segundos y miro a todos los lados para preveer un indómito que viene en vía contraria o burla el semáforo en rojo.

Más allá del debate, el país enfrenta un problema estructural de seguridad vial que exige aplicación efectiva de la ley, educación, control y sanciones reales. Sin ello, la movilidad seguirá cobrando vidas y profundizando el deterioro del tránsito urbano.