Ley de la DNI: avances y aspectos pendientes por desarrollar

La Cámara de Diputados aprobó esta semana el proyecto de ley orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia, como consecuencia de la anulación de la Ley 1-24 por parte del Tribunal Constitucional. Aquella norma originó un gran debate nacional y, al final de la jornada, el tiempo nos dio la razón. Este nuevo proyecto constituye un paso histórico para cumplir con el mandato constitucional del artículo 261 de organizar y regular el Sistema Nacional de Inteligencia y modernizar la arquitectura de seguridad nacional. Al mismo tiempo, abre la oportunidad de perfeccionarlo con visión de Estado.

Debe reconocerse que el proyecto adecúa la DNI a su nuevo rol y la ajusta a los principios del Estado constitucional, saldando una deuda legislativa de casi veinte años. Al hacerlo, marca una clara intención de reforma y democratización de las instituciones del Estado, además de proyectar una ley moderna, capaz de responder a los desafíos de seguridad del siglo XXI. Por primera vez se establecen principios claros de objetividad y proporcionalidad, se garantiza el debido proceso en las operaciones, se prohíben prácticas abusivas y se integran organismos dispersos bajo un mismo marco legal. Estos elementos representan un salto cualitativo respecto a la normativa anterior y reflejan la voluntad de construir un sistema más democrático y técnico.

El texto, sin embargo, deja aspectos pendientes de desarrollo institucional. El Sistema Nacional de Inteligencia se limita a enumerar agencias —DNI, unidades militares, DINTEL, CICC/DNCD y otros entes estatales— sin crear un Consejo Nacional de Inteligencia ni una Comunidad Nacional de Inteligencia como instancias colegiadas de articulación. El Consejo debería integrar a los directores de las agencias, con capacidad para fijar prioridades estratégicas y supervisar operativos. La Comunidad, por su parte, debe ser el espacio técnico permanente donde interactúen los organismos, compartan información y planifiquen operaciones conjuntas. Sin estas instancias, el sistema corre el riesgo de fragmentarse y duplicar esfuerzos. El proyecto no establece requisitos técnicos ni meritocráticos para el director de la DNI, aunque de manera muy positiva adecua su dependencia a la Presidencia de la República y no a las fuerzas armadas, conviene recordar que cuando se creó el organismo en 1978, en plena Guerra Fría, se hizo bajo control militar para preservar su conducción frente a tensiones políticas; ya que el presidente Balaguer, temía que los sectores de la izquierda dominicana, que apoyaron a al presidente Guzmán tomaran el control de la inteligencia dominicana.

La relación con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional merece ser afinada. El proyecto lo menciona, pero no define cómo la DNI alimentará de manera continua a ese órgano colegiado con inteligencia estratégica. Sin un flujo permanente, metodológico y auditado de información hacia el Consejo, las decisiones de seguridad nacional pueden carecer de base técnica suficiente y de la anticipación que exige la política pública.

El proyecto habla de un Plan Anual de Inteligencia elaborado por la DNI, pero no de un Plan Nacional de Inteligencia. Ese plan integral debe articular los esfuerzos de todas las agencias, vincularse con el Consejo de Seguridad Nacional y establecer objetivos prioritarios para la comunidad de inteligencia. Sin esa guía estratégica común, la inteligencia corre el riesgo de responder a coyunturas inmediatas de uno de los subsistemas y perder coherencia nacional.

El diseño presupuestario también requiere debates. La centralización del presupuesto bajo la DNI desconoce que cada subsistema tiene su propia dinámica y necesidades específicas. Un sistema moderno demanda autonomía presupuestaria por agencia, con reglas de coordinación y control, para sostener misiones que exceden el subsistema estratégico y asegurar capacidades especializadas sin fricciones.

La Constitución manda organizar el Sistema Nacional de Inteligencia, y esa organización no puede reducirse a tres artículos como ocurre en el proyecto actual. Resulta preferible contar con una ley propia del Sistema Nacional de Inteligencia que defina con claridad sus subsistemas y el rol de cada uno, establezca una Estrategia Nacional de Inteligencia como instrumento de coherencia sistémica —con objetivos comunes y prioridades frente a las principales amenazas— y cree una carrera profesional de inteligencia. Esa carrera debe integrar personal militar, policial y civil, con formación en análisis estratégico, tecnología, ética pública y derechos humanos; un escalafón propio garantizaría meritocracia, estabilidad y especialización.

La República Dominicana transita hacia un sistema moderno y democrático. El proyecto de ley de la DNI es un avance significativo, pero requiere ajustes sustanciales: definir subsistemas, precisar sus funciones, crear espacios de articulación técnica (Consejo y Comunidad), establecer una carrera profesional, asegurar un marco presupuestario coherente con la especialización y precisar perfiles técnicos. ajustes y sugerencias que no le restan mérito ni desconocen el avance que significa la aprobación del proyecto

Ojalá esta vez no me toque ser, nuevamente, el Quijote que lucha contra molinos de viento, y que los tomadores de decisión, antes de encaminar la aprobación en el Senado, escuchen las voces técnicas para dotar la República Dominicana de un Sistema de seguridad Nacional sólido, técnico y apegado al estado constitucional.