Puntualizaciones manifiestas de un legado moral

¿Dónde estriba la relevancia clave del enfático y detallado mensaje explicativo con que el presidente Luis Abinader Corona acompañó el pasado 27 de febrero, en el 182 aniversario de nuestra Independencia Nacional y en ocasión de la apertura de la primera legislatura ordinaria de 2026, el depósito por ante el Congreso Nacional de las memorias de los ministerios correspondientes al pasado año?

Claro es que en la ocasión procedía, como en efecto, el satisfactorio cumplimiento de lo preceptuado por los artículos 114 y 128, numeral 2, literal f) de la Constitución de la República y, consecuentemente, la rendición de cuentas de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el 2025.

Lo primero consistía en pasar revista a las providencias enmarcadas en las prioridades tocantes a los campos de la salud, la educación, la producción agropecuaria, la lucha contra la pobreza y la seguridad ciudadana, el turismo, el empleo, el progreso tecnológico, las obras básicas de la infraestructura vial, la conducción de las relaciones exteriores, así como las circunstancias regionales y geopolíticas del inevitablemente limitado crecimiento de la economía.

Sin dejar rémoras a una objetiva intelección, salvadas las que el libre juego democrático reserva a los reparos de cualquier índole, el selecto cuentadante abarcó el esbozo, también inscrito en el canon sustantivo, de las proyecciones macroeconómicas y de orden social, los resultados esperados y las prioridades del gobierno dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso, adicionando la concreción el pasado año de gestiones enderezadas a trascendentes convenios vinculados a un favorable clima de inversión directa.

En ese marco resultaba impactante la enumeración de las negociaciones concluidas para el establecimiento: 1) del primer Puerto Internacional de Intercambio Digital en América Latina y octavo en el mundo, con una inversión superior a los quinientos millones de dólares, acordado con la multinacional Google LLC, con sede en California; 2) de un puerto espacial-comercial en Oviedo, provincia de Pedernales, llamado a insertar a la República Dominicana en la economía espacial global, con una inversión de alrededor de 600 millones de dólares, convenido con la firma estadounidense LOD Holdings y, 3) de un centro de excelencia en Inteligencia Artificial, acordado con la sociedad californiana Nvidia, con sede en Santa Clara, destinado a la formación de talento digital para asumir el reto del acceso al mundo laboral y a un necesario crecimiento técnico-profesional.

Sin embargo, a la amplia descripción de un panorama optimista y de una positiva imagen de la nación a nivel internacional, era imperativo responder a un auditorio congresual y nacional expectante, a propósito de una quiebra extrema del comportamiento ético en áreas vulnerables de la gestión pública. De repente la indignación se apoderó del semblante del jefe del Estado. Era en él la expresión de un legado moral, de un comportamiento forjado en el seno de una familia honorable, la familia Abinader-Corona.

De ahí que en el semblante del primer mandatario asomara de pronto el carácter indoblegable del Dr. José Rafael Abinader Wasaf, su finado padre, cuya integridad hizo fama en la sociedad dominicana, y frente a cuya memoria su evidente capacidad de trabajo y su recto proceder, constituyen un compromiso superior indeclinable como virtualmente lo corroboraba la presencia en la regia sala de las Cámaras Reunidas de su señora madre, doña Rosa Sula Corona viuda Abinader; de su esposa, la primera dama, doña Raquel Arbaje de Abinader, además de sus hijas y sus hermanos.

Era notable el énfasis y la vibrante energía que impregnara a sus palabras cuando, invocando al mismo tiempo la iluminación providencial, dejaba sentado que la lucha contra la corrupción “no es una declaratoria más de este gobierno”, sino su “columna vertebral”, su “brújula moral inamovible”, y que en él la amistad jamás se fundirá con la complicidad, advirtiendo con acento de sentencia definitiva que su gobierno “ni negocia ni se rinde frente a la corrupción”.

En el pronunciamiento presidencial, por tanto, quedaron claras las fórmulas que se agencia la Administración Abinader para poner freno a la impunidad ante la malversación de fondos públicos (las reformas al régimen punitivo y al procedimiento penal), reforzadas por una opción legítima: la constitución del Estado en actor civil, paralelamente a la acción del ministerio público, en reclamo del resarcimiento de los daños y perjuicios.

Antes, pues, que dejar a la suerte los días por venir, tomando prestada la celebérrima expresión de Julio César al decidirse a cruzar el Rubicón, cabe mejor confiar en la honra del compromiso confesional, cívico, familiar y moral-ético.