¿Quitar subsidio a partidos? Un error peligroso

En los últimos días, un grito populista ha ido ganando fuerza en redes sociales replicando “que les quiten el financiamiento a los partidos políticos”. La consigna apela a la rabia legítima de una ciudadanía harta de la corrupción y el despilfarro. Pero esa solución, presentada como justa, es en realidad un disparo en el corazón de la democracia dominicana.

Empecemos porque esto significa una violación constitucional, como lo indica un comunicado que envió la Junta Central Electoral al Poder Ejecutivo, pero peor aún, se trata de violencia económica contra la oposición.

La Constitución dominicana (artículo 216) y la Ley 33-18 establecen el financiamiento público como garantía de equidad competitiva entre partidos. Eliminarlo no es una reforma menor: es una violación directa al orden constitucional. Pero más grave aún: somete a la oposición a una violencia económica silenciosa y muy peligrosa. Sin fondos, los partidos minoritarios no pueden investigar, contratar técnicos, pagar locales ni tener presencia territorial. El partido de Gobierno, en cambio, siempre tendrá el aparato estatal, la publicidad institucional y los medios aliados. El resultado no es una democracia más limpia, sino un sistema de partido hegemónico.

El dinero privado no es más limpio: es más peligroso

Si el Estado no financia los partidos, ¿quién lo hace? La respuesta es clara: la empresa privada, grupos de poder económico y, como ya se ha evidenciado en el partido de Gobierno actual, el narcotráfico. El dinero del crimen organizado ha encontrado refugio en campañas políticas dominicanas precisamente donde el control estatal es débil.

Quitar el subsidio estatal no elimina el dinero sucio; lo empuja a la clandestinidad total, sin trazabilidad, sin rendición de cuentas. Al menos con el financiamiento público existe un registro ante la JCE y posibilidades de fiscalización. Sin él, la puerta queda abierta para que el narco compre candidaturas, voluntades y leyes.

El verdadero debate: bajar el costo de la política, no eliminarla

La indignación popular tiene una raíz real: los gastos descomunales en campañas. Pero la ciudadanía confunde el síntoma con la causa. El verdadero problema es el diseño del sistema electoral dominicano, en particular el voto preferencial, que ha disparado los costos hasta niveles absurdos: las campañas para regidurías y diputaciones se han vuelto millonarias, el voto preferencial premia al que más gasta, no al que mejor ideas tiene, la calidad de las y los representantes ha caído; su valor no es por lo que saben o proponen, sino por lo que pueden gastar en propaganda, transporte, dádivas y alcohol.

La o el ciudadano común aporta cada vez menos a los partidos porque el costo de la vida es cada vez más caro. Pero la solución no es eliminar el financiamiento público, sino eliminar o reformar el voto preferencial y pasar a sistemas que reduzcan drásticamente los gastos de campaña.

Partidos vacíos o familiares: un problema de diseño, no de eliminación

Aceptémoslo: existen partidos que parecen una empresa privada o un negocio familiar, sin lucha social, sin formación ideológica, sin militancia real. Eso es cierto. Pero eliminando el financiamiento público no solucionamos eso; al contrario, consolidamos esa degeneración.

Porque si solo sobreviven los partidos con dinero privado o narco, los vacíos se llenan de corruptos -quitar el financiamiento se lleva a todos, mansos y cimarrones-. Es preferible exigir mayores controles y fiscalizaciones, sobre todo en la parte formativa e ideológica de las militancias.

La ciudadanía tiene derecho a estar harta. Pero la rabia, cuando es avivada por populistas digitales que viven de los “views”, se vuelve peligrosamente ingenua. Eliminar el financiamiento público es una medida extrema que castiga a toda la clase política sin distinguir, y beneficia al poder establecido.

Exijamos en su lugar:

• Mayor fiscalización sobre el origen y destino del dinero de los partidos.

• Eliminación o reforma profunda del voto preferencial para bajar los costos de campaña.

• Sanciones efectivas a los partidos que no rindan cuentas.

• Transparencia en tiempo real, no balances anuales ilegibles.

El financiamiento público a los partidos no es el problema; es la herramienta imperfecta que tenemos para que la política no sea solo de los ricos o de los narcos. El problema es el costo desbordado de la política, el voto preferencial y la falta de fiscalización. Quitar el subsidio es la solución falsa que beneficia al poder establecido. Porque una democracia con partidos débiles es una democracia en riesgo.

Debatamos con datos, no con odio. Exijamos más control, no menos democracia.