Sueldos no suben, pero el costo de la Seguridad Social sí

El 31 de octubre el Consejo Nacional de la Seguridad Social sorprendió a los asalariados con la resolución 624-02 que incrementa el costo de los dependientes adicionales y eleva la carga económica de los trabajadores a partir de este mes de diciembre.

Esto implica un descuento mensual por cada dependiente afiliado al Sistema Dominicano de la Seguridad Social de 1,887.54 pesos, más 32.24 destinados al Fondo Nacional de Atención Médica por Accidente de Tránsito (Fonomat), lo que eleva el costo a 1,929.78 pesos por persona. Conforme a expertos, ese fondo viola la Ley 87-01, debido a que los accidentes de tránsito cuentan con los seguros de los vehículos, por lo que ese fondo no tendría razón de ser.

Lo que preocupa de la carga económica para los afiliados es que normalmente los adicionales son los padres, los abuelos y los mayores de 21 años. De modo que el trabajador deberá disponer de más de tres mil pesos mensuales si afilia a sus dependientes.

La resolución justifica el cobro por familiar adicional porque promete una cobertura más amplia y sostenible, lo cual se contradice porque con el incremento del per cápita termina expulsando del sistema a las familias que no puedan con la nueva carga económica.

La sostenibilidad financiera de la seguridad social no debe sostenerse sobre un esquema que transfiera al trabajador el peso de la ineficiencia del sistema. Esto debe ser contemplado por los legisladores responsables de revisar y modificar la Ley 87-01, que cumplirá 25 años en abril de 2026.

En estos 25 años de aplicación se han revelado deficiencias en torno al sistema de pensiones, las ARS, los conflictos de intereses y, como dice el colectivo por la seguridad social digna, la que tenemos ni es segura ni es social.

Antes de la resolución 624-02, el per cápita era único: un mismo pago por afiliado. Ahora el CNSS ha aprobado la diferenciación que más bien favorece a las ARS.

La resolución contempla también un fondo especial para “programas prioritarios de salud pública (FONSAP)” destinado a gestionar los cargos de medicamentos para tratamiento de condiciones como VIH, tuberculosis y hepatitis B.

Sorprende que en la resolución aparezcan criterios como: “Esto incluye cobertura para consultas médicas, psicológicas, estudios preoperatorios, cirugías, anestesia, honorarios del equipo médico y seguimiento postoperatorio durante 30 días”. Ese protocolo, que debería ser general para todos los beneficiarios del sistema, aparece en las nuevas coberturas aprobadas. No son malas, son beneficiosas, como la inclusión en el seguro familiar de salud del régimen contributivo de procedimientos que solo podrían hacerse en la medicina privada.

Pero el CNSS eligió un mal tiempo para una resolución que penaliza el bolsillo de los trabajadores, en un momento donde reina la incertidumbre por la negativa a aplicar la indexación a los salarios por la inflación, donde existe depreciación del peso dominicano y donde la queja por los altos precios de los alimentos es el mantra de la gente en los supermercados y mercados.

Cuando se pensó en un sistema justo de seguridad social, vino a la mente de la población la promesa de justicia social que enarbolaron los líderes de la democracia que surgieron después de la dictadura. Ese discurso basado en la justicia social fue esperanzador, ahora disminuido en una práctica que permite y amplifica la desigualdad.