Trampas del poder y de la oposición política

Por J. Julio Cross F.

Hace varios meses publiqué mi libro “Develando Trampas”, donde analizo las principales crisis financieras que han azotado al mundo en los últimos 100 años. En el mismo trato de establecer la causa de esas crisis, para prevenir su recurrencia. Una de las principales trampas originadoras de crisis es en la que recurrentemente caen los políticos cuando ejercen el poder y cuando están fuera de él.

En la página 208 de mi libro, me refería a esa trampa política y la definía como:

“Gobiernos entrantes obligados a imitar el comportamiento irresponsable de los gobiernos salientes o, en su defecto, perder popularidad y volver a la oposición”

Por eso vemos a diario como, casi apegados a un libreto, todos los gobiernos tratan de justificar las indelicadezas denunciadas en su contra, enrostrando las indelicadezas cometidas por los gobiernos anteriores y los políticos en la oposición critican con vehemencia lo mismo que ellos hicieron cuando pasaron por el poder, asumiendo ilusamente que el universo social que pretenden manipular sufre de “amnesia colectiva”.

Recreo con estas reflexiones lo que parece ser una campaña mediática contra el Banco Agrícola de la RD, una institución creada por Trujillo en el 1945, cuyo principal propósito es suplir la demanda de créditos para el sector agropecuario ante la natural aversión de la banca privada para otorgar estos créditos, dados los grandes riesgos que los mismos conllevan.

Ciertamente, en la banca privada un préstamo agrícola es sinónimo de pérdida.

Pérdida por exceso de lluvias, sequía prolongada, incendios forestales, daños maliciosos, plagas bacterianas o de insectos y otras especies animales, desborde ríos, aislamiento de zonas geográficas, derrumbe de precios en los mercados, importaciones autorizadas con fines especulativos y mil causas más, agravadas porque el sector solo produce bienes perecederos.

Adicional a esos grandes riesgos, poner en prenda hipotecaria las tierras cultivables no ofrece garantía de recuperación, pues una tierra que no produce o produce poco debido a los riesgos mencionados, tiene valor monovalente y escasa demanda en el mercado de bienes raíces en caso de una adjudicación judicial o entrega en dación de pago.

Por esas razones un banquero privado nunca apuesta a una buena cosecha, pues uno de los principales mandamientos del crédito bancario privado, sugiere nunca aceptar en garantía terrenos ni maquinarias asociadas al proyecto destinatario del préstamo, pues si este no resulta rentable la garantía pierde casi todo su valor, ese préstamo entrará en mora permanente, deberá ser provisionado en porcentajes crecientes según Reglamento de Evaluación de Activos (REA) y llevado a pérdidas, impactando directamente el estado de resultados y el patrimonio de la institución que otorgó ese crédito.

Así, casi por definición, un préstamo agrícola requiere de altísimas provisiones regulatorias pues el historial y la capacidad de pago de esos préstamos son la base que establece el REA para el cálculo de las estimaciones de pérdidas o provisiones, como se dice en la jerga contable.

De ahí que un banco estatal especializado en préstamos agrícolas no debe medirse en términos financieros con la misma vara que se mide un banco comercial privado, aunque regulatoriamente sean vistos con la misma lupa. Existen elocuentes evidencias para sustentar esa afirmación.

A modo de ejemplo, un elemento fundamental de la denuncia contra el Bagrícola se refiere a un supuesto hoyo originado por subestimar en RD$3,400 millones las provisiones por concepto de cartera vencida, presentando este hecho como una “barbaridad financiera que atenta contra el patrimonio de la institución”, lo cual sería absolutamente cierto si el Banco no tuviese el aval del Estado, tal y como lo evaluó la reconocida agencia crediticia Feller Rate antes de asignarle al Bagrícola el envidiable rating crediticio de “grado de inversión”.

Sobredimensionar esta relativa violación al Reglamento de Evaluación de Activos por razones puramente políticas no es una buena receta para lograr los objetivos del denunciante, especialmente si olvida que el propio Banco Central muestra a partir del 2004 un déficit cuasi fiscal acumulado a la fecha por un monto que supera los 800 mil millones y que desde esa fecha lo presenta en sus Estados Financieros como una “Cuenta por Recibir del Estado” y en otros renglones de los Activos, que al igual que la deficiencia en provisiones por cuentas malas de RD$3,400 millones del Bagricola, es regulatoriamente incobrable por el Banco Central y casi impagable por parte del Estado. Recordemos que esta “situación” viene creciendo y acumulándose desde la crisis del 2003 sin que ninguna gestión de gobierno haya intentado desmontarla ni denunciarla, pues esa falencia tiene muchos “dueños”.

Traigo este ejemplo muy válido, pues una situación similar en un banco comercial sería catastrófica, mientras que en un banco central ni remotamente lo es. Continuará.