Trampas del poder y de la oposición Política

Por J. Julio Cross F.

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Los bancos centrales no se evalúan únicamente con base en estados financieros; se evalúan principalmente en base a indicadores macroeconómicos claves como inflación, desempleo y tipo de cambio cuyo manejo prudente y controlado provoca la ansiada estabilidad macroeconómica que disfrutamos.

Por esa razón, la situación financiera del Banco Central no puede evaluarse con los mismos criterios que se evalúa un banco comercial y por esa razón sus déficits se califican como “déficits cuasi fiscales”.

Otro ejemplo que viene al caso recordar es “la gradualidad” con que fueron beneficiados los bancos privados después de la publicación de las primeras normas prudenciales en 1993.

En esa ocasión, como consecuencia del Acuerdo de Basilea I y de inspecciones patrocinadas por instituciones multilaterales, se detectaron en los bancos privados, igual que ahora en el Bagrícola, serias deficiencias en las provisiones por cartera vencida.

Pero las normas prudenciales emitidas por la autoridad monetaria y financiera permitieron a los bancos del sistema, diferir en seis largos años el registro o reconocimiento de esas pérdidas, renovando y extendiendo varias veces dicha autorización para diferir su registro.

Esto significa que en esa ocasión el regulador autorizó a los bancos del sistema a subestimar esas provisiones para mitigar su impacto en los estados financieros, algo similar a lo que ocurre hoy en el Bagrícola, solo que esta vez fue sin permiso del regulador. Es importante recordar que ningún banco del sistema financiero nacional disfruta del aval del Estado dominicano y el Bagricola sí.

Sin embargo, esa autorización para diferir el reconocimiento de pérdidas conocida como “la gradualidad” probó ser coyunturalmente correcta, excepto en los tres bancos quebrados en el 2003. Prueba de ello es el alto nivel de solvencia que tradicionalmente presentan las estadísticas publicadas del sistema financiero de la RD.

Debo aclarar que de ninguna manera estoy aplaudiendo ni promoviendo la falta de integridad en la información financiera de los estados financieros, mucho menos promuevo laxitud ni flexibilidad regulatoria. Solo quiero enfatizar que un banco con operaciones y naturaleza intrínseca de alto riesgo, de propiedad estatal y con aval soberano del Estado, como el Bagrícola no puede medirse ante la opinión pública con la misma vara ni los mismos criterios financieros con los que se evalúa un banco comercial privado.

Particularmente veo al Banco Agrícola como un mitigador de subsidios, pues sin su existencia las ayudas directas a los agricultores serían una fuente inacabable de subsidios que no necesariamente se otorgarán para fomentar la agricultura, aunque se registren como tales.

Creo firmemente que los RD$3,400 millones de déficit en provisiones quedarían palidecidos ante los “subsidios” que de otra forma se hubiesen otorgado de no haberse utilizado los criterios del Bagrícola para la aprobación de esos préstamos, independiente de la eficiencia en la aplicación de estos e independiente del partido que detente el poder en el momento que se aprobaron esos préstamos.

Una provisión no significa irregularidad ni robo, como parece estar insinuándose. Una provisión no es más que un estimado de lo que se perdería si la cartera fuese a convertirse en efectivo hoy.

Visto así, esa subestimación de las provisiones en un banco especializado en los superriesgosos préstamos agrícolas debe ser presentada como una estimación del apetito de cualquier gobierno por apoyar a los productores agropecuarios.

Por eso resulta impensablemente absurdo que el apetito y determinación de cualquier gobierno por apoyar un sector tan clave en la dinámica económica del país como lo es el campo, pueda, bajo ningún criterio, incluidos los criterios sesgados de políticos de oposición, ser presentado como algo negativo.