La ultraderecha contra el multilateralismo

Es virtualmente unánime el reconocimiento de que hemos llegado al final de los grandes organismos multilaterales, creados final de las dos guerras mundiales. A pesar de sus limitadas capacidad de cumplir a cabalidad sus resoluciones y/o reglas, estos contribuían significativamente al respeto de derechos humanos fundamentales, la protección a los desplazados por conflictos bélicos o religiosos, libre comercio, ayudas y colaboración en los ámbitos de investigaciones e iniciativas para promover el desarrollo local. Sin embargo, nunca faltaron las críticas a esos organismos, siendo las más ácidas y frecuentes las que venían de sectores político/ideológicos y de gobiernos propensos a no reconocer determinados derechos.

Lo que podríamos llamar “capítulo dominicano” de la internacional ultraderechista ha sido sistemático en el combate a las Naciones Unidas muy particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CVIDH, de la que nuestro país es signatario con asiendo permanente. Ese organismo ha sido reiterativo en las observaciones a la Resolución 168-13 que, violando la Constitución y el principio del carácter retroactivo de la ley, desconoce el derecho a la nacionalidad dominicana a decenas de miles de migrantes de origen haitiano nacidos bajo el amparo de la Constitución anterior al 2010, que consagraba el derecho a la nacionalidad a todo el que nacía en suelo dominicano. Enjundiosos juristas dominicanos reconocen que con esa nefasta violación se lanza a la condición de apátrida miles de seres humanos.

El principio de la no retroactividad de una ley tiene como objetivo evitar que se legisle, intencionalmente o no, para lesionar a una singular persona o a una colectividad humana. El legislador que viola conscientemente ese principio pierde todo respeto como profesional y como ser humano se convierte en alguien propenso la abyección y la perversidad, en enemigo no sólo de determinados seres humanos, sino del Derecho como disciplina normativa de las relaciones sociales e interpersonales. Se convierte en un profesional de la práctica del Derecho en cualquiera de sus ámbitos.

Desafortunadamente, entre los muchos absurdos y desaguisados en que discurre la cotidianidad dominicana parece que nos sentimos a gusto con el aborrecible dicho: “To e to y na e na”, que nos denigra como sociedad. Sólo así se puede explicar que el personaje creador de la malhadada Resolución 168-13, siga tan campante dando clasecitas de Derecho en no importa cual instancia o lugar y ocupando espacio y funciones en la gestión pública. Ninguna sociedad puede avanzar hacia el establecimiento de un régimen real y efectivamente democrático y de derecho con esas rémoras en la administración pública y nutriéndose de los bienes o del favor del Estado.

Esos sectores están en contra de que el país se mantenga en un organismo internacional como la CIDH no por razones legales, porque en leyes ni derecho creen, sino porque si nos mantenemos en ella tenemos que asumir sin medias tintas el principio para lo cual ella fue creada: la defensa de los derechos humanos en todas sus expresiones. En este mundo convulso s es cuando más se necesitan organismos y alianzas internacionales entre los países pequeños, medianos y hasta grandes para defender su real soberanía y sus principios. Algunos ya lo están haciendo.