Nicolás Maduro
Venezuela

NICOLAS MADURO
Cuando Cipriano Castro sintió el puñal trapero de su compadre y vicepresidente en ejercicio, Juan Vicente Gómez, se inauguró en Venezuela la época de las revueltas sediciosas. Y desde 1908 hasta 1935, la cultura política del país anduvo impulsada por un hombre de mano fuerte. Así, las consecuencias del Big Stick en toda América Latina colocaron en los rieles del poder a Somoza, Trujillo y Duvalier, dándole a la cultura institucional un carácter autoritario, personalista y patriarcal.
Todos los acomodos ideológicos, desde el pacto de Punto Fijo en 1958 hasta 1998, caracterizados por “conchupancias” de copeyanos y adecos, pospusieron ofertas de izquierda que dejaron atrás la retórica revolucionaria de Douglas Bravo, Fabricio Ojeda, Teodoro Petkoff, José Vicente Rangel y Jorge Rodríguez. Inclusive, el triunfo arrollador del chavismo revivió el deseo de redención por su capacidad de expandir las potencialidades de corrientes partidarias coincidentes en buena parte del continente, aventadas por el precio del barril de petróleo y la expansión de la inversión china.
El grave drama político en Venezuela coincide con las características propias de los que no saben interpretar el cierre de los ciclos. Entre el ascenso de Hugo Chávez y la “extracción” de Nicolás Maduro han transcurrido 26 años. Y resulta innegable que tanto el agotamiento natural como una nueva visión aposentada en la Casa Blanca entrarían en conflictos. Además, el actual canciller estadounidense, Marco Rubio, posee las horas de ejercicio crítico a gobiernos latinoamericanos con una definida carga ideológica y serios cuestionamientos alrededor del respeto a los derechos humanos y los procesos electorales transparentes.
Aquí, como en buena parte del continente, no se trata de alineamientos coyunturales sino de una auténtica definición de valores democráticos, pautados por la ONU, en consonancia con la carta democrática de OEA y como reacción responsable ante la farsa electoral de julio del 2024 que sirvió de base a la Declaración de Santo Domingo de agosto de ese año.
Pretender, bajo argucias y argumentos tendenciosos, debilitar la raíz de la discusión sobre la situación venezolana nos remite a un rejuego de palabrerías que nos aleja del foco: el reconocimiento de la existencia de presos políticos, persecución de disidentes, hostilidad al ejercicio de la prensa y el fomento de grupos paramilitares que reprimen a ciudadanos.
Inclusive, el ardid de ingenuidad sueca, que se concentra en esquivar normas de legalidad diplomática, nunca exhibe un precedente de desplazamiento del poder de una dictadura por las vías y tecnicismos jurídicos. No se trata de aplaudir prácticas excepcionales ni desbordamientos del orden institucional, sino de observar que la realidad dura y cruda es que la salida de un tirano del poder goza de popularidad y dosis de moral política, suficientes para construir los rieles de normalidad como resultado de la orquestación de una consensuada transición democrática.
Lo que se quiere invisibilizar políticamente es la daga artera, fuente histórica de conflictos. Hace más de un siglo, lo hizo Juan Vicente Gómez; el 3 de enero, la ejecutora fue la imperceptible arquitecta Delcy Rodríguez.