Los políticos tradicionales, siempre diestros en su zona de confort, intentan con bastante éxito administrar los procesos institucionales. Y en un tramo lograron aminorar las velocidades de reformas exigidas por amplios núcleos ciudadanos. Ahora bien, cuando el combate a la corrupción representó la fórmula de impugnación por excelencia, las organizaciones entraron en sintonía, aunque el discurso de transparencia anduvo más cerca de las formas que del fondo.

Escándalos y fenómenos de impacto internacional develaron las habilidades de una empresa constructora brasileña para doblarle el pulso a sistemas de partidos impulsados por lo estrictamente clientelar. Desde ahí, emergió la inmundicia que no se detuvo en aspectos ideológicos sino que marcó el afán de victorias electorales compensadas por entramados inimaginables. Así concluyó el capítulo de asociar la clásica argumentación de persecución política porque demostró que las distancias partidarias no importaban y el dinero sustituía toda fuente de relación sincera con los electores.

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En el país, la noción de persecución política retrató un periodo nefasto de la vida nacional donde los procesados poseían mayor dignidad que sus acusadores. Por eso, aquellas sentencias dimensionaban a sus victimarios y la observación ciudadana sabía de las triquiñuelas de un ordenamiento al servicio de un poder desconocedor del principio de independencia de los poderes públicos. Transcurrido los años, las imperfecciones del modelo y un Ministerio Público con innegables debilidades, las burdas componendas del poder terminan derrotadas por sentencias de absolución popular.

Ahora bien, la llegada de la doctora Germán Brito a la jefatura del Ministerio Público representa el retrato perfecto de compensación a una tradición del órgano acusador arrodillado al poder ejecutivo. Irónico y risible que, la triste argumentación de rastros políticos en la intención de llegar hasta las últimas consecuencias procesales, recaiga en los hombros de una gestión orientada por la primera procuraduría , en los últimos 30 años, dirigida por una profesional del derecho sin vínculos reales con los partidos.

Un político procesado no es sinónimo de persecución. Lo justo es que, una parte importante de la partidocracia, sustituyó el sentido de militancia y alta jerarquía como escudo defensivo en la consecución de tropelías sin precedentes. Ojalá decidan los tribunales y nunca se permita que complicidades históricas sirvan de protección a perfectos exponentes de la cleptomanía nacional.