La Ley 87-01 contempla que a los 18 meses de su entrada en vigencia el país iniciaría los estudios para la creación de un seguro de desempleo para sustituir el sistema de prestaciones laborales, pero a pesar de que han pasado más de 20 años, esa aspiración no ha podido ser convertida en realidad.

Los representantes del sector empleador han planteado que el sistema de prestaciones laborales vigente tiene un costo muy alto para las empresas y le resta competitividad, por lo que han estado reclamando la aspiración de que la ley se cumpla.

Los representantes del sector laboral, en cambio, han señalado que las condiciones del mercado laboral y la estructura fiscal del país no permiten en este momento la sustitución de un sistema de protección social por el otro.

En América Latina son pocos los sistemas de seguro de desempleo que se han implementado y los resultados no han sido muy halagüeños, tanto por la debilidad fiscal como por la alta informalidad en el mercado laboral.

Las prestaciones laborales o indemnizaciones por despido, que buscan privilegiar la preservación del puesto de trabajo antes que proteger ingresos por pérdida del empleo, son cuestionadas por sus efectos, entre ellos, incentivar despidos anticipados, forzar renuncias con el objeto de evitar los gastos asociados o promover conductas para provocar el despido.

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Factores

Esto genera un sobrecosto que afecta la movilidad laboral, limita el crecimiento del empleo y, en muchos casos, induce a la adopción de contratos temporales o a la subcontratación.

En el caso del seguro de desempleo, los mecanismos utilizados para financiarlos son generalmente los mismos que se aplican en otras ramas de la seguridad social: contribuciones definidas como un porcentaje de los salarios y pagados por un período.

En algunos casos, el Estado también garantiza un subsidio, sobre todo para extender los beneficios.

El problema está en que por la baja cobertura debido a la alta informalidad, el financiamiento resulta muy alto para el gobierno en países con una presión tributaria como la vigente en la República Dominicana.

Además, por las características del mercado laboral dominicano, la relación entre beneficiarios y desempleados sería baja.

Hay otros riesgos que habría que mitigar, como el de que al contratar protección, los asegurados comienzan a destinar menores esfuerzos para evitar la ocurrencia del desempleo, con lo cual aumenta la probabilidad quedar cesante y con ello la intensidad de uso del sistema.

Además, quienes tendrían mayores incentivos para beneficiarse de un seguro serían aquellos que presenten un riesgo de cesantía mayor.