Buscan modificar ley para dar “garras” a Procompetencia

Ya está listo un proyecto de modificación a la Ley General de Defensa de la Competencia 42-08, para dar más garras a Procompetencia como órgano regulador para enfrentar las violaciones a las normas de competencia.

Se dotaría al organismo de herramientas más efectivas y sanciones más contundentes para garantizar la libre y leal competencia en los mercados nacionales.

La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez, explicó que el proyecto será presentado al Poder Ejecutivo, con el objetivo de que el presidente lo someta al Congreso Nacional. Esa reforma incorpora multas ejemplarizantes por competencia desleal, control previo de concentraciones económicas y nuevas facultades que permitirían a la entidad actuar con mayor fuerza frente a prácticas anticompetitivas.

Recordó que Procompetencia es un ente autónomo y descentralizado del Estado, diseñado para promover y defender la libre competencia en los mercados de bienes y servicios. Esa autonomía es esencial. “Eso garantiza la independencia administrativa, presupuestaria, porque Procompetencia se enfrenta a grandes poderes”, dijo, al señalar que la institución debe poder llamar la atención, incluso, a otros poderes del Estado, cuando normas, reglamentos o subsidios puedan generar barreras injustificadas a la libre competencia.

Actualmente, la entidad solo puede ordenar el cese de conductas desleales, pero no aplicar multas. La reforma corregiría esa limitación para lograr sanciones verdaderamente disuasorias.

Vásquez explicó que la modificación a la ley surge tras recomendaciones de la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Indicó que un diagnóstico reveló que República Dominicana es el único país de la región sin control de concentraciones económicas, una de las deficiencias más graves.

Entre las recomendaciones figuran modificar el esquema de multas, pues las actuales, basadas en salarios mínimos, no tienen efecto disuasorio. En su lugar, sugiere calcularlas según el volumen de negocio del año fiscal anterior, como se hace en la mayoría de los países.

También plantea incorporar programas de clemencia, que permiten reducir sanciones a quienes denuncien voluntariamente la existencia de cárteles, una herramienta que ha demostrado ser efectiva en países como España, Estados Unidos, Brasil y Chile, para detectar acuerdos ilícitos y casos de colusión en compras públicas.

Vásquez agregó que otra recomendación clave es mejorar la cooperación interinstitucional, estableciendo la obligatoriedad de que los organismos públicos entreguen la información necesaria para que Procompetencia pueda realizar análisis de mercado y detectar violaciones.

“La nueva ley dotará a la institución de mayores capacidades y permitirá avanzar hacia mercados más competitivos, contribuyendo a un mayor desarrollo económico y bienestar social”, expresó.