¿Qué hacer para que los incentivos dejen de ser un tema tabú?

La empresaria Ligia Bonetti ha puesto sobre la mesa un asunto que, a fuerza de excesos cometidos bajo el amparo de antiguas leyes de incentivos fiscales, terminó por convertirse en un tabú incómodo, casi innombrable. Y, sin embargo, no debería serlo. Porque el problema de los incentivos no radica en su esencia, sino en la forma —a veces laxa, a veces miope— en que se aplican.

Es cierto: los abusos han distorsionado el tejido económico nacional. Pero también lo es que dejaron frutos innegables. El crecimiento dominicano no brotó de manera espontánea ni caprichosa; fue, más bien, el resultado de decisiones deliberadas. Sectores como el turismo, impulsado por la Ley 158-01, y las zonas francas, bajo la égida de la Ley 8-90, florecieron al calor de políticas de estímulo bien dirigidas. De allí emergieron empleos, inversión y un posicionamiento internacional que hoy sería difícil desconocer sin caer en contradicción.

Por eso, negarse ahora a explorar mecanismos similares para la manufactura local resultaría, cuando menos, incoherente. Más aún si, como advierte Bonetti, el costo fiscal es elevado y la carga tributaria se reparte de manera desigual: mientras algunos sectores permanecen al margen, otros soportan el peso casi completo del sistema.

Claro está, volver al viejo y desgastado esquema de sustitución de importaciones sería un error de proporciones históricas, una señal preocupante de que no hemos sabido aprender de nuestras propias lecciones. 

Evitar esos desbordes es, precisamente, el desafío.

El primer paso sería establecer “candados” firmes, reglas que orienten y limiten. Entre ellos, enfocar los incentivos hacia la exportación y el nearshoring, evitando así inflar artificialmente el mercado interno con empresas dependientes de la protección y ajenas a la competencia real. Se trataría de un modelo más cercano a la inserción externa que aplicó Costa Rica con la llegada de Intel, y no al proteccionismo clásico que tantas distorsiones generó.

Otro valladar necesario sería privilegiar la creación de ecosistemas productivos en lugar de apuestas aisladas. No se trata solo de atraer empresas, sino de tejer redes: encadenamientos, proveedores locales, transferencia de capacidades. En ese sentido, la experiencia del programa Encadenados ofrece una brújula útil.

Asimismo, convendría corregir las fallas de diseño de la Ley 392-07, cuya exigencia de alta rentabilidad, limitada inclusión de pymes y escasa adopción han reducido su alcance. Los incentivos no deben ser un privilegio reservado a grandes empresas, sino una herramienta que permita el escalamiento productivo en toda su amplitud.

Y hay un principio que no admite ambigüedades: los incentivos deben tener fecha de caducidad. Sin ese límite, corren el riesgo de convertirse en una carga perpetua, una fuga silenciosa del gasto tributario que crece sin control.

La comparación entre América Latina y Asia resulta reveladora. La diferencia nunca estuvo en el uso de incentivos —ambas regiones los emplearon—, sino en la disciplina impuesta al sector privado. Mientras en América Latina se abrió la puerta a excesos difíciles de revertir, en Asia se establecieron condiciones estrictas: plazos claros, revisiones periódicas, metas verificables en empleo formal, exportaciones, transferencia tecnológica y encadenamientos locales, todo ello bajo criterios de transparencia y coherencia con la política productiva.

En definitiva, el apoyo estatal no puede ser un cheque en blanco: debe estar atado a resultados medibles y retirarse sin titubeos cuando estos no se materialicen. Solo así los incentivos dejarán de ser un privilegio cuestionado para convertirse en una palanca legítima del desarrollo.