Reclaman una reforma fiscal en serio para República Dominicana

Diversos sectores sociales y económicos han planteado la necesidad de una reforma fiscal profunda que corrija las desigualdades en el sistema tributario dominicano.

La propuesta busca que áreas como la hotelería, las zonas francas, la generación eléctrica, los contratistas del Estado y los negocios financieros asuman una mayor carga impositiva. Estos sectores han sido señalados por beneficiarse durante décadas de un esquema que privilegia la reducción de impuestos bajo el argumento de que “a menos impuestos, más trabajo”.

De acuerdo con el estudio de la Facultad de Cs. Económicas y Sociales de la UASD, elaborado por Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro,, en 2024 cada empleo sostenido en el sector de las zonas francas implicaba un costo para el Estado de RD$197.1 millones, mientras que en el turismo el costo ascendía a RD$61.0 millones. Para analistas, estas cifras reflejan más un subsidio encubierto que verdadera competitividad.

La reforma planteada también propone eliminar impuestos a los salarios de la clase trabajadora, cuyos ingresos en su mayoría no alcanzan el costo de la canasta familiar.

Otro punto clave es la reducción del ITBIS, con el objetivo de aliviar la carga sobre los consumidores y mejorar el acceso a bienes básicos.

En contrapartida, se sugiere que los impuestos directos recaigan sobre los sectores que más riqueza y ganancias acumulan, garantizando así una mayor equidad en la distribución de los recursos.

La iniciativa también busca poner freno al endeudamiento público, que ha sido una constante en los últimos años y que compromete la estabilidad financiera del país.

Los recursos recaudados deberían orientarse, según la propuesta, hacia lo que establece la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo: garantizar derechos, bienestar y prosperidad para toda la población.

Organizaciones sociales insisten en que una reforma fiscal seria no debe limitarse a ajustes técnicos, sino que debe responder a un cambio estructural que asegure justicia tributaria.