¿Qué cargos les imputan a los cuatro apresados por la muerte de Stephora?

El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medidas de coerción contra cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci que fueron arrestados por su vinculación al fallecimiento de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, a la que la llevó el centro educativo.

Los imputados son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario, a quienes el órgano persecutor les imputa haber incurrido en homicidio involuntario.

“El caso ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano”, se informó mediante un comunicado de prensa.

Al grupo, además, se le acusa de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano. “La conducta de las imputadas también es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes”, agregó el MP.

Añadió que tiene evidencias de que movilizaron a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.

“Asimismo, se ha podido evidenciar en un video que hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo”, se lee en el documento.

Lo que pide al tribunal

En ese sentido, el órgano persecutor solicita imponer una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.

“Las citadas medidas de coerción son las más idóneas y proporcionales con los hechos imputados, las cuales están contenidas en el artículo 226, numerales 1, 2, 4 y 5 del Código Procesal Penal”, sostuvo.

La investigación del hecho está a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).

El Ministerio Público ha solicitado al Ministerio de Educación la realización de una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci, con el objetivo de identificar cualquier práctica que atente contra el interés superior del niño.