La lentitud de procesos que buscan soluciones institucionales en el país

La obsolescencia de un esquema jurídico importante está cruzada en el camino de la extracción de minerales dejando morar riquezas en las entrañas de la tierra quedando también la nación desprovista de un Código Civil moderno, pero estancado en la condición de proyecto mientras una incapacidad para el consenso frena todavía a la ley orgánica que debe regular las relaciones obrero-patronales con augurios de que un parto forzado podría dar paso en poco tiempo a un estatuto orgánico que por restar incentivos a inversiones dejaría en su misma dimensión y con riesgo de que crezca más el sector informal de la economía en que permanece en desamparo institucional la mayoría de los trabajadores. El estatus legal ha estado reservado con consentimiento sindical para una minoría.

Ni modo: un frustrante déficit institucional hace permanecer a República Dominicana sin las cargas fiscales equitativas que revitalicen a un Estado empecinado en el recurso fácil de los subsidios que erosionan las finanzas públicas mientras se abstiene de poner a régimen a los evasores y a los masivos consumidores de electricidad sin pagar aunque es probable que a corto plazo lleguen a su fin por incosteables las subvenciones no focalizadas en las familias verdaderamente necesitadas y que fomentan la quema de gasolina sin inhibiciones. Una generosidad artificiosa que respalda dispendios está puesta en peligro por la escalada bélica en el Medio Oriente.

En su momento, siendo todavía presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara planteó la necesidad –no satisfecha a plenitud aún- de aprobar leyes imprescindibles para la total vigencia de la Constitución que así las ordena. Una enumeración proveniente de archivos de prensa incluye que se ha dejado de legislar con específicos textos para fortalecer el sistema de Seguridad Social, hacer posible la planificación regional y territorial del desarrollo, poner a tono con los tiempos la ley 6132 sobre libertad de expresión, fortalecer el rol del Congreso en la supervisión de fondos públicos y dotar de una ley estratégica a la Administración Pública, entre otras deudas por saldar.

LA VOZ DE FINJUS

En el historial de pronunciamientos de la Fundación Institucionalidad y Justicia figuran recurrentes críticas a los retrasos en aprobar leyes estructurales que superen las que limitan el desarrollo institucional y de seguridad jurídica que el país requiere cuyos proyectos han desembocado en aprobaciones apresuradas sin debates a profundidad en el Poder Legislativo como entiende que ocurrió con una de las versiones del Código Penal.

Deploró en su momento que el Congreso e instituciones aprueben leyes orgánicas sin cuidar la aplicación efectiva de las normas o que incurran en lentitudes y falta de consejo cuando se trata de crear leyes de alto impacto social; lo que genera incertidumbre en el plano jurídico. Su recomendación ha sido asignar prioridad a la calidad de los debates y alcanzar unanimidades a todo lo que pueda suponer reformas del marco legal del país evitando parálisis en temas fundamentales.

De su lado, en más de una oportunidad el movimiento cívico Participación Ciudadana ha formulado reclamos de agilizar cambios estructurales y en el tren gubernamental con propósito de conducir al Estado hacia la transparencia, la eficiencia en la Administración Pública y a hacer más efectiva a la Policía Nacional en la persecución de delitos y crímenes imprimiendo celeridad a los expedientes sobre corrupción a diferentes niveles de la justicia.

COSTOSOS ATRASOS

Procesos lentos y accidentados en la ejecución del presupuesto del Estado han hecho que un considerable número de obras a través del tiempo experimentaran significativos incrementos en sus costos. El almanaque disparó sobre ellas las barbaridades del encarecimiento que hasta duplicaron lo proyectado originalmente para invertir. Contra las realizaciones inciden alzas en los materiales de construcción o el tardío descubrimiento de que la construcción comenzó sin previos estudios geotécnicos y topográficos.

A veces se le ocurre a algún turpén de la burocracia que los proyectos ya acordados ameritan cambios de diseño a lo que prontamente podrían sumarse retrasos en trámites de permisos ambientales y de desembolsos a contratistas típicos del desgano estatal, cuando no es que la maquinaria oficial se tardó desproporcionadamente en procesos de expropiaciones de terrenos imprescindibles para proceder en consecuencia. El palacio de justicia del municipio de Santo Domingo Este, el puente de la avenida Hípica y la línea 2C del Metro son de los proyectos que más envejecieron como inconclusos y en crudo antes de ser inaugurados y puestos a funcionar.

Lo de la presa de Monte Grande fue histórico con la consecuencia de que la inversión total para entrar en servicio triplicó la estimación original. El Gobierno de Danilo Medina la contrató originalmente para que costara unos US$249 millones y el saldo final trepó a entre US$600 millones y US$800 millones, suficientes para construir dos represas similares más en otros lugares sedientos del territorio nacional.

INFUNCIONALIDAD

Lo flamante de equipos médicos modernos y costosos ha perecido con frecuencia: han sufrido degradaciones y daños definitivos hasta ante de ser instalados tras llegar frescos desde las aduanas. A la displicencia que los deja en estibas y hasta sin desempacar se agregan las irresponsabilidades de no darles mantenimiento adecuado en los hospitales públicos cuando ya están operando. Estas pérdidas netas para la nación han sido descritas como parte del deterioro crítico del sistema de salud. Una de dos: o los instrumentales para sanar o salvar vidas de dominicanos reciben como destino final la obsolescencia por falta de uso o los equipos son instalados en centros sin capacidad, espacio o infraestructuras apropiadas. Irracionalidades y falta de planificación que colocan a la República Dominicana y a quienes la gobiernan en un bajo grado de institucionalidad y hasta de sentido común. Una dejadez que no se compadece con la desesperación de miles de pacientes de escasos recursos (más numerosos que los que pueden pagar para superar enfermedades) que necesitan la asistencia del Estado en el campo de salud como única opción.