Entidades trabajan con adictos reiteran solicitud de recursos de ley

Diez asociaciones sin fines de lucro que trabajan en la prevención y tratamiento de las adicciones reiteraron al director general del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) Manuel Oviedo Estrada, la entrega del 15 % de los RD$3,000,000,000, confiscados desde el 2020 a septiembre 2023, previo a la promulgación de la Ley 60-23 que rige ese tema, por lo que deben distribuirse conforme a lo establecido en la Ley 155 -17 sobre Lavado de Activos.

“Nuestras organizaciones deben recibir el 15 % de esos recursos, sin embargo, hasta la fecha no hemos logrado una respuesta concreta a nuestras demandas, ceñidas a la Constitución y las leyes dominicanas”, indicaron en la carta dada a conocer en el documento “La Semanal”.

Consideraron que ante el silencio y la indiferencia, pareciera que se pretende utilizar la nueva Ley 60-23, como argumento para regatearle a las organizaciones, y por lo tanto a las personas y familias más vulnerables de la sociedad, los recursos que les corresponden.

Recuerdan que la Constitución dominicana, en su artículo 110, establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, y que “en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Indicaron que son la única opción que tienen las familias y personas más empobrecidas del país, que sufren los trastornos por adicciones, por lo que han tomado la inquebrantable decisión de reclamar sus derechos, inicialmente por medio del dialogo.

“Sería muy penoso para nosotros, y pensamos que vergonzoso para las autoridades, tener que recurrir a otras acciones o instancias para hacer valer estos derechos”, expresaron.

Señalaron que las estrategias de reducción de uso de drogas no pueden depender de aportes coyunturales debido a que las demandas de atención crecen continuamente y las organizaciones no cuentan con los recursos necesarios para cubrirla, por lo que es necesario establecer formas de financiación permanente a mediano y largo plazo.

Reiteraron sus propuestas de que establezca en el reglamento de la Ley 60-23, la forma precisa de hacer efectivo y definiendo qué porcentaje de estos fondos deberán entregarse, para programas de prevención o tratamiento de consumo de drogas.

“Nuestras organizaciones han sufrido de forma consistente la negación de apoyo. Han visto desaparecer paulatinamente los mecanismos legales que les protegían. Somos, casi la única opción que tiene la población más necesitada de nuestra sociedad, ante el surgimiento de un problema de adicción en la familia”, apuntaron.