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Exigen celeridad en casos corrupción

Organizaciones sociales y políticas se apostaron ayer frente la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para exigir mayor celeridad en los procesos de corrupción administrativa

Organización en protesta

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EMILIO GUZMÁN M.
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Organizaciones sociales y políticas se apostaron ayer frente la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para exigir mayor celeridad en los procesos de corrupción administrativa que cursan en los tribunales y para manifestar su respaldo a las acciones del Ministerio Público (MP), ante lo que consideran intentos de descrédito contra su labor de investigación.

Los manifestantes expresaron preocupación por la lentitud con que avanzan los casos Pulpo, Coral, Medusa y Calamar y con el expediente recién iniciado, relacionado con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), los que según denunciaron, corren el riesgo de prolongarse sin justificación.

Los convocantes, entre ellos el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Participación Ciudadana, el Frente Amplio y otras organizaciones, advirtieron que la dilación procesal amenaza con debilitar una demanda social que, desde finales de 2020, movilizó a amplios sectores de la población en favor del fin de la impunidad.

Campaña de descrédito

Leidy Blanco, coordinadora Participación Ciudadana (PC), expresó su inquietud por lo que considera una campaña de descrédito contra el Ministerio Público, en el contexto de los referidos expedientes, tras señalar que ese órgano ha presentado suficientes pruebas para sustentar las acusaciones.

“Así como la impunidad tiene grandes enemigos, también tiene grandes aliados y que esos aliados son quienes buscan desacreditar al Ministerio Público”, expresó Blanco, quien llamó a los jueces a ejercer su rol con independencia y a concluir en tiempo prudente los casos de corrupción que llegan a sus manos.

De su lado, María Teresa Cabrera, dirigente del Frente Amplio y activista social, pidió a la ciudadanía “retomar las calles” en defensa de una justicia sin privilegios, al cuestionar que delitos menores reciben sanciones rápidas, mientras los implicados con poder económico, político o militar enfrentan procesos que son dilatados de aplazamiento en aplazamiento.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
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