Experto ve exceso de la prisión preventiva en República Dominicana

El uso desmedido de la prisión preventiva como medida de coerción, es un problema creciente en el sistema de justicia de República Dominicana y el mundo.

La aplicación excesiva, irracional y arbitraria empaña la presunción de inocencia de más de 14 millones de personas cada año, conforme estadísticas de las Naciones Unidas, explicó Rafael Báez, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

A su juicio, la medida de coerción es también clasista y selectiva, como la pena, al atrapar estereotipos de personas empobrecidas, siendo sus mejores candidatos para la estigmatización.

Al abordar el tema en la conferencia internacional Derechos humanos y sistema penitenciario: retos globales y buenas prácticas comparadas, junto a expertos del área judicial, ve irónico como se vulneran los derechos humanos al transformarse de una medida excepcional y cautelar, a una especie de pena anticipada, alterando la presunción de inocencia y el derecho a la libertad.

Citó cómo el problemática empieza por los jueces, luego las salidas alternativas del proceso y su pobre aplicación en República Dominicana, así como los riesgos y peligros que acechan a la nación con una nueva modificación legislativa que entraría en vigencia en el 2026, en donde se promueve hasta la iniquidad del castigo.

Reiteró que esos cambios pondría al Estado a alejarse de los principios de rehabilitación y reinserción social, evidenciado en la posibilidad de imponer penas de hasta 60 años de prisión, una duración que prácticamente supera los límites biológicos en un país donde la expectativa promedio de vida oscila entre 68 y 72 años.

La otra cara de cárceles

Para Báez, el país atraviesa una de las crisis más graves en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad y es dentro de los centros de detención ante la persistente sobrepoblación crítica derivada, en gran medida, de la emisión indiscriminada de órdenes de prisión preventiva, incluso, en casos en los que no resulta jurídicamente justificada, pero si en una evidente contradicción con el carácter excepcional que esa medida cautelar debe tener.

Entiende que, un Estado democrático de derecho es incompatible con la tendencia a la prisionización automática, por eso reiteró que los juzgadores deben afianzarse estrictamente en el derecho y no en la presión mediática, que con frecuencia distorsiona la percepción pública y pone en riesgo la garantía del debido proceso.

“Nuestra responsabilidad es tutelar con rigor y escrupulosidad los derechos de las personas que comparecen ante nosotros, aun en contextos de alta sensibilidad social”, expresó.

Durante la intervención, hizo una reflexión de cómo el neopunitivista rodea la aplicación de la prisión preventiva, debido a que constituye una negación del derecho de defensa, de la presunción de inocencia y del debido proceso.

Definió esa practica como ya normalizada, la que pretende presentarse como garantía de seguridad ciudadana y como un mecanismo eficaz en la lucha contra el delito.

Unapec acoge conferencia

La Universidad APEC, (Unapec), en coordinación con la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), encabezó la Conferencia internacional derechos humanos y reforma penitenciaria: retos globales y buenas prácticas comparadas, un encuentro que reunió a autoridades, académicos y especialistas de Portugal, Puerto Rico, Guatemala, Estados Unidos y África.

La conferencia se celebró en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde el rector de la universidad, Erik Vega, reafirmó el compromiso de la entidad para seguir impulsando iniciativas que contribuyan a políticas públicas basadas en evidencia, colaboración internacional y respeto a la dignidad humana.