Finjus no ve coacción en proyecto de ley de libre expresión

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) favoreció el proyecto de ley sobre Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, sometido al Senado porque, aseguró, representa un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión del país.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó el trato que la iniciativa de ley otorga a las amenazas que enfrentan los menores en el entorno digital, al prestar especial atención a estos desafíos, integrando medidas que buscan preservar la integridad física, emocional y moral de este grupo vulnerable.

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Asimismo, resaltó que, en términos institucionales, el anteproyecto dispone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), adscrito al Ministerio de Cultura, como entidad responsable de velar por la promoción de las libertades de expresión e información, la supervisión de los prestadores de servicios de comunicación y la garantía de una programación diversa y plural. “Con ello, se suprime la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, en tanto establece un nuevo marco institucional más alineado a la actualidad”.

El jurista elogió otros aspectos de relevancia como el conjunto de principios que recoge el proyecto y que promueven la diversidad en los medios de comunicación y fortalecen la integridad de las personas.

También el hecho de que la pieza valora la importancia del debido proceso como principio rector en la aplicación de normas civiles, procesales y penales relacionadas con la libertad de expresión.

Expresó que las infracciones que propone el proyecto de ley están diseñadas con mesura y en concordancia con la gravedad del perjuicio causado, con hincapié en el principio de proporcionalidad.

“La injuria, difamación y expresiones discriminatorias encuentran un justo balance entre la necesidad de preservar la dignidad humana y el respeto por el libre ejercicio del pensamiento”, manifestó, tras calificar de acertado que se establezca un régimen de consecuencias para los discursos que fomenten prejuicios por razones de origen racial, ideológico o religioso, lo cual fortalece el deber estatal de garantizar la igualdad y no discriminación.

“Consideramos que este instrumento jurídico está alineado con la realidad actual del país y que su estructura normativa refleja un esfuerzo por ofrecer un marco legal coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos”, dijo.

Indicó que la redacción del proyecto se caracteriza por su precisión terminológica y por evitar ambigüedades.