Sentencia TC desata avispero en la sociedad dominicana

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que rechaza la prisión para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexto ha generado un avispero en la sociedad dominicana, sobre todo los sectores conservadores, que alegan el fallo afecta la imagen y políticas de las instituciones castrenses.

Mediante la sentencia TC/1225/25, fueron derogados los artículos 210 de la Ley 285-66, que establece el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el 260 de la Ley 3483-53, sobre el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, por considerar que discriminan injustificadamente a las personas homosexuales.

Los artículos señalaban que “la sodomía consiste en el concúbito entre personas del mismo sexo, y será castigada, cuando se trate de un oficial, con la pena de seis meses a un año de prisión correccional”.

La decisión del TC obedeció a un recurso interpuesto por los abogados Patricia Santana Nina y Anderson Javiel Dirocie.

Consultado sobre la motivación para incoar el recurso, Dirocie afirmó que además de defensores de los derechos humanos, surgió de cuestionamientos sobre la justicia militar y se dieron cuenta de que estas disposiciones aún continuaban vigentes.

Y ante declaraciones, incluso de un jefe de la Policía, diciendo que los homosexuales no se permitían y ya había una práctica, un entendimiento de que eso era así, pero había dudas de cuál era el fundamento legal específico.

En ese contexto tuvieron acceso a información de personas que habían sido sancionadas de manera disciplinaria, incluso muchas veces arbitrariamente, porque estas disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales, establecían una infracción penal que, debido a la derogación de los tribunales militares era el fundamento para sanciones disciplinarias que iban desde el arresto, el encuartelamiento o la desvinculación.

“Es ahí que nosotros tenemos información de casos, por ejemplo de una persona que se supo que era lesbiana y le pusieron una sanción de privación de libertad y cuando se intenta, se analizan las vías de poder accionar, esta persona prefirió asumir la sanción para evitar someterse al estigma, tanto en las Fuerzas Armadas como en la sociedad, probablemente hasta en la familia, porque una persona que no ha revelado su orientación sexual tenga que hacerlo de forma forzada por un proceso, y encima arriesgar su proyecto de vida, su carrera, porque si te dieron por ejemplo tres meses o seis meses porque se supo que era lesbiana imagínate que ahora quedaran documentos registrando que fue por eso”, explicó.

FALLO GARANTISTA

En cuanto al impacto en los derechos humanos, consideró que se trata de un fallo histórico no solo para la comunidad LGBTI que ve por primera vez al Tribunal Constitucional garantizar sus derechos fundamentales de forma expresa.

“Esa es la primera decisión que de manera explícita reconoce derechos, no sólo el derecho, pero el acceso a esos derechos y al ejercicio en condiciones igualitarias”, expresó.

Agregó que la decisión reconoce que el artículo 39 de la Constitución, que reconoce el derecho a la igualdad, incluye la protección por motivos de orientación sexual, y que una persona no puede ser discriminada por ello, que es precisamente lo que hacían estas normas.

“Estas normas iban dirigidas, motivadas por la orientación sexual y contra personas LGBTI”, sostuvo al precisar que no había una sanción similar para personas heterosexuales que tuvieran una interacción sexual mientras a las personas LGBTI se les podía sancionar, incluso por las cuestiones que pudieran hacer en su espacio.

“Tenemos un Tribunal Constitucional que ha decidido en un tema que quizás no es donde todavía hay una sociedad conservadora, ha decidido cumplir con su rol de garante de la Constitución, porque no es el tribunal que viene a dar derechos, esos derechos ya están consagrados en nuestra Constitución”.

Oposición

Las reacciones contra el fallo no se hicieron esperar de parte de sectores religiosos a los cuales se adhirió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), entre otros.

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), a través de su vocero Feliciano Lacen, calificó la decisión como “un atentado a la buena costumbre”, y parte del deterioro de los valores y principios que sustentan la moral social.

“Es preocupante lo que está viviendo el país en cuanto a la moral, a los valores y a los principios. Instituciones como estas, castrenses, que están para cumplir y hacer cumplir los reglamentos jurídicos y los valores, el permitir una depravación como esta, de manera pública y legal, está dando un precedente inequívoco”, dijo.

Señaló que el fallo representa, “una imposición contraria a los valores cristianos y familiares del país”, llamando a los sectores sociales, religiosos y comunitarios a mantenerse vigilantes frente a lo que describe como “un proceso de erosión cultural”.

Mientras que la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana calificó como una “aberración ética” y un “golpe directo a los principios morales, éticos y espirituales” de la nación.

De su lado el obispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, dijo que el fallo es “desacertado” e “inconveniente”, y que el TC está “abriendo puertas en instituciones importantes como la Policía Nacional a la homosexualidad”.

Aseguró que la medida “manda una mala señal para la sociedad” en momentos que hay que cuidar y resguardar los valores familiares, la unidad entre el hombre y la mujer.

En tanto Trajano Potentini, presidente del CARD, calificó la sentencia como “desafortunada e innecesaria”, al considerar que el Tribunal Constitucional utilizó un test de constitucionalidad inaplicable para un ámbito que, por su naturaleza, responde a una mística de trabajo, disciplina y sujeción especial propia de los cuerpos castrenses y policiales.

Mientras que la presidenta del Partido Solidario Cristiano (PSC), Soraya Aquino, consideró como negativa la decisión porque afecta la familia como espacio básico para el desarrollo integral.