Tercer intento fallido: aplazan otra vez medida de coerción contra fiscal Aurelio Valdez Alcántara

Fracasó este viernes el tercer intento por conocer la solicitud de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por supuestamente sobornar a un testigo del Ministerio Público en el caso Senasa.

La audiencia fue abortada debido a que la defensa del fiscal, encabezada por Albert Delgado, recusó a la jueza de la instrucción especial Ysis B. Muñiz Almonte, presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien fue designada para conocer el caso.

Los abogados del imputado alegaron que la jueza había participado en el proceso de investigación al autorizar el allanamiento y la trampa que se le tendió a su defendido con el dinero marcado.

"La defensa, ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias irrefutables con que cuenta el Ministerio Público, ha venido en el día de hoy con un grito desesperado, con un absurdo, al recusar a una jueza a la que ellos, en dos audiencias anteriores, le hicieron pedimentos, y esa jueza decidió. Y han venido con unos argumentos que ellos conocían en esas dos audiencias y que en ningún momento plantearon en la recusación", manifestó Wilson Camacho, director general de Persecución.

Camacho sostuvo que la decisión de los abogados de recusar a la magistrada es “una muestra de litigio temerario para huir de una realidad que les aplasta, que es el conocimiento de los hechos que plantea el Ministerio Público y de las evidencias”.

“No importa lo que hagan, no importa cuánto huyan, no importa cuántas manifestaciones de litigio temerario realicen, tarde o temprano se van a tener que enfrentar a los hechos y tarde o temprano se van a tener que enfrentar a las pruebas, y no podrán seguir huyendo, y nos van a encontrar aquí con la misma decisión y con la misma firmeza de procurar que los que son imputados por comisión de hechos de corrupción reciban la sanción necesaria y, en este caso, la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, que es de prisión preventiva”, advirtió el procurador adjunto.

Asimismo, señaló que el proceso queda ahora en espera de que la Suprema Corte de Justicia decida sobre esta recusación.

 “Una vez se dé esa decisión, entonces el tribunal, con esta jueza o con otra jueza, dependiendo de la decisión que tome la Suprema, continuará con el conocimiento de esta audiencia”, detalló.

Acusación

Según el expediente, el MP tiene abierta una investigación de orden público en contra de Valdez Alcántara, de quien dice que el 13 de este mes concretó un encuentro personal con Canaán, en el parqueo de Plaza Lama, establecimiento ubicado en la avenida 27 de Febrero con Winston Churchill.

El MP indica que allí Canaán abordó el vehículo conducido por el fiscal, una CRV color marrón, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades, “para establecer una posición de dominio”, y de inmediato, de manera explícita le propuso “alterar el curso del proceso seguido en su contra a cambio de un beneficio económico”.

Lo que exigiría el fiscal 

Según el Ministerio Público le exigió a Canaán US$200,000, un vehículo Mercedes Benz 350 o 450, negro, y también mostró interés por un reloj Rolex.

Según el expediente del MP, Canaán regateó y le ofreció al fiscal investigado US$150,000 y una guagua Volvo o Mazda. Valdez Alcántara aceptó el pago de los US$150,000, no así el Volvo o Mazda, sino que insistió en el Mercedes Benz, a lo que tuvo que acceder el coaccionado.

El MP sostiene que, una vez acordado el soborno, se conformó un equipo para darle seguimiento y cubrir documentalmente la entrega del dinero. Este equipo estuvo comandado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones de la Policía y varios miembros la institución, así como por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, adscrito a la Jurisdicción privilegiada y Procesos Especiales.