¿Qué mosquito le picó al fiscal Aurelio Valdez Alcántara?

¿Qué mosquito le picó al fiscal Aurelio Valdez Alcántara?

Irónicamente, como si fuera una historia novelada, el honorable fiscal Aurelio Valdez Alcántara; adscrito a la incorruptible Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aparece ahora señalado en un expediente —presentado por el Ministerio Público— como presunto extorsionador del principal testigo del mayor caso de corrupción de la historia republicana: Caso Senasa.

Según consta en el expediente de solicitud de medida de coerción depositado en su contra por parte de sus colegas, el Procurador Fiscal “se estaba dedicando a solicitar sobornos para alterar el curso de procesos en la fase de investigación a cambio de beneficios económicos”.

De manera específica le exigió a Roberto Canaán, doscientos mil dólares, un reloj Rolex y un Mercedes Benz negro, modelo 350 o 450.

Un señor que se presupone íntegro por su posición en el organismo élite de combate a la corrupción: la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Entidad que ha jugado un rol protagónico en los principales casos de corrupción administrativa desde el año 2020: la principal bandera del Gobierno del presidente Abinader.

En ocasiones incluso, se veía en el ojo de los reflectores de las cámaras, detrás Camacho; que no economiza esfuerzos para enarbolar su incendiario discurso contra la corrupción y sobre los supuestos “expedientes blindados”, en cualquier esquina del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Después de tantas palabrerías, ¿quién iba a imaginarse que la corrupción llegaría hasta el círculo del poderoso titular del PEPCA?

Pudiéramos analizar este hecho como una especie de ave rara que aparece cada 100 años en zonas muy remotas y entornos particulares; o, un patrón de comportamiento muy común en sociedades aspirantes a capitalistas donde que se rigen en el papel en función de la ley del mercado y que operan en la práctica en el más crudo Estado del malestar: sin garantías de ningún tipo.

En la cual individuos que sobreviven actúan en función de la capacidad de consumo que según el esquema de valores distorsionados en la ley de la selva vale más que todos los derechos consagrados en la Carta Magna. Y, sin importar entidad o profesión liberal: políticos, empresarios, abogados, médicos, maestros; en fin, profesiones liberales; se dejan seducir por la apariencia.

Contrario al limitadísimo y sesgado enfoque que se ha vendido en “Tiempos de Injusticia Dependiente” de que la corrupción tiene partido, siglas, doctrina, bandera y hasta una estrellita. Hoy se evidencia lo contrario. La corrupción penetra hasta los despachos de los incorruptibles.

Otra de las contradicciones que se dan es que los que están llamados a combatirlas a veces envían mensajes muy distorsionados que reflejan la dicotomía entre los medios y los fines.

¿Cómo se puede combatir la corrupción con acuerdos de impunidad?

El sabor amargo y la frustración que causa ese tipo de conductas en las cabezas sensatas no está disociado de los grandes escándalos de corrupción que ellos mismos han presentado con tanta pomposidad en la opinión pública donde los principales protagonistas son favorecidos con acuerdos muy generosos en los cuales devuelven una partecita de lo supuestamente robado y salen “blindados”.

¿Cuáles incentivos institucionales contra la corrupción está enviado el Estado dominicano si los abogados designados por el presidente mediate el decreto 22-21, encargados de recuperar el patrimonio público, se quedan con una jugosa parte de lo recuperado?

Montesquieu nos legó su concepción sobre la separación de los poderes partiendo de la idea de que el que tiene mucho poder tiende a abusar de él. Como demuestra ese caso. Pero no nos dijo quien fiscaliza a los super poderosos fiscales que actúan abusivamente al margen del de la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Ojalá que esta grave crisis reputacional que afecta a las autoridades encargadas de perseguir el delito lleve una dosis de humildad entre quienes hasta el momento exhibían una superioridad moral sobre los demás porque si algo ha demostrado la corrupción es que ni los llamados a combatirla pueden tirar la primera piedra.

En lo que el hacha va y viene queda en el ambiente enrarecido varias interrogantes: ¿Tienen realmente las autoridades control de lo que ocurre dentro del Ministerio Público? ¿Se enteraron por canales internos o externos? ¿Son legítimos y confiables los expedientes de presunta corrupción en los que trabajó este señor?

¡Dígame usted, amigo lector!