AFP y ARS: el poder que secuestra la seguridad social

El primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, sintetiza más de un siglo de luchas obreras por la dignidad, la justicia social y los derechos laborales conquistados a costa de sacrificios colectivos. Conmemora la huelga de Chicago de 1886 y a los mártires que exigieron la jornada de ocho horas, pero también recuerda que el trabajo es un pilar de ciudadanía, desarrollo y equidad. Es una fecha que honra la memoria de quienes abrieron camino y, al mismo tiempo, interpela a las sociedades actuales a garantizar condiciones laborales justas, protección social efectiva y reconocimiento pleno de la contribución de cada trabajador al bienestar común.

Sin embargo, en la República Dominicana, esa memoria histórica parece diluirse de manera alarmante. Si no fuera por la presión sostenida de la Coalición por la Seguridad Social Digna y de organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias y ciudadanas, el primero de mayo se reduciría a una fecha decorativa, vaciada de contenido y de lucha. La pasividad institucionalizada ha convertido una jornada de reivindicación global en un simple recordatorio protocolar, incapaz de interpelar al poder ni de movilizar a quienes deberían encabezar la defensa de los derechos laborales.

La participación de los presidentes de las principales centrales sindicales se limitó a declaraciones mediáticas: Gabriel del Río Doñé (CASC), Jacobo Ramos (CNTD) y Rafael —Pepe— Abreu (CNUS). Ninguno asumió el liderazgo que exige una fecha nacida de la protesta, la confrontación y la conquista de derechos. Esa ausencia de calle, de presión real y de presencia organizada revela una desconexión profunda entre el simbolismo del Día Internacional del Trabajo y la acción que debería acompañarlo en un país donde la precariedad laboral, los salarios insuficientes y un sistema de seguridad social excluyente continúan marcando la vida de millones. Es una renuncia tácita a la responsabilidad histórica del movimiento sindical.

La Coalición por la Seguridad Social Digna, junto a organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias y ciudadanas —y con la notoria ausencia de la CASC, la CNTD y la CNUS— tomó las calles del Distrito Nacional el primero de mayo. Mientras las cúpulas sindicales optaban por la comodidad de los estudios de televisión, estas organizaciones asumieron el rol que otros abandonaron: convertir la fecha en un acto de presión real. Su marcha no fue un gesto simbólico, sino una denuncia directa al Poder Ejecutivo para exigir una reforma integral, sostenible e incluyente de la Ley 87‑01, un sistema que, tras 25 años de vigencia, muestra un desgaste estructural que ya no admite parches ni discursos complacientes.

Este contraste entre quienes marchan y quienes se limitan a opinar desde la distancia expone una fractura profunda en el movimiento sindical dominicano. Mientras la ciudadanía organizada reclama en las calles un cambio urgente frente a un modelo de seguridad social excluyente, inhumano y rentista, las principales centrales sindicales se mantienen al margen, observando y opinando con frecuencia desde la comodidad de los medios de comunicación, en lugar de acompañar a los trabajadores en la defensa de derechos fundamentales.

Esa renuncia práctica a la responsabilidad histórica que dicen representar no solo debilita la fuerza colectiva del primero de mayo, sino que revela la urgencia de replantear quiénes están realmente dispuestos a defender los derechos laborales en un país donde millones siguen atrapados entre salarios insuficientes, pensiones indignas y un sistema que no les garantiza protección ni dignidad.

En el marco de la marcha del primero de mayo, organizada por la Coalición por la Seguridad Social Digna y diversas organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias y ciudadanas, fue evidente el creciente cuestionamiento al actual Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Un sistema que, además de ser costoso, no garantiza pensiones dignas, limita el acceso real a la salud y debilita los servicios públicos, transfiriendo cada vez más recursos a intereses privados en detrimento de la protección social.

Asimismo, este modelo fomenta y tolera prácticas que abren espacio a la corrupción, trasladando los riesgos a los trabajadores y sus familias, mientras asegura beneficios constantes para la oligarquía, el sector financiero y los grupos más ricos y poderosos de la República Dominicana. Es un esquema que profundiza desigualdades y que, lejos de proteger, expone a la mayoría a la vulnerabilidad permanente.

Los dirigentes de las diversas organizaciones sociales, sindicales, gremiales, comunitarias y ciudadanas que marcharon el primero de mayo suscribieron un documento que recoge cinco reclamos dirigidos al Poder Ejecutivo:

Rechazar cualquier reforma construida de espaldas al pueblo, sin diálogo democrático ni participación vinculante de la sociedad civil. Asimismo, rechazar cualquier proyecto de ley que pretenda aumentar las cotizaciones, elevar la edad de retiro o profundizar la privatización de los fondos de pensiones y de los recursos destinados a la atención en salud.

Exigir un proceso democrático y transparente, que incorpore lo expresado por la ciudadanía en las Vistas Públicas realizadas en todo el país, tomando en cuenta el proyecto de modificación presentado por la Coalición por la Seguridad Social Digna, así como las propuestas de las centrales sindicales y de las organizaciones gremiales, populares y de base.

Demandar una transformación estructural de la Ley 87-01, que establezca un verdadero sistema de pensiones solidario, público y sin fines de lucro, capaz de garantizar a todos los dominicanos una pensión justa, digna y suficiente.

Requerir la inversión del 5% del PIB en salud pública y llamar a la defensa de SENASA, de los servicios públicos de salud y de los sistemas de pensiones conquistados por el magisterio, los servidores públicos, los profesores y funcionarios de la UASD, así como por los médicos y médicas del país. También, defender el derecho a las pensiones de los trabajadores cañeros. En suma, impulsar un sistema de reparto moderno, solidario y sostenible que asegure pensiones dignas, justas y suficientes para toda la población.

Reclamar al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional que asuman su responsabilidad constitucional y legislen a favor del interés colectivo, no de los negocios privados. Y, si el poder acumulado por las AFP, las ARS y los grupos económicos impide actuar como corresponde, convocar al pueblo a un referéndum democrático para que sea la soberanía popular quien decida qué modelo de seguridad social merece la República Dominicana.

Desde hace varios años, la Coalición por la Seguridad Social Digna y organizaciones de distinta naturaleza vienen reclamando al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional y al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) una reforma integral, inclusiva y sostenible de la Ley 87-01. A 25 años de la entrada en vigor del actual Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), este es el momento decisivo para impedir que la seguridad social continúe funcionando como una fuente de enriquecimiento para las AFP, las ARS y las empresas proveedoras, en lugar de cumplir su misión esencial de proteger a la población.

Con respecto al reciente anuncio de que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, enviaría un proyecto de “reforma” a la Ley 87‑01, el docente universitario, investigador y activista social Matías Bosch Carcuro ha señalado que la noticia resulta sorprendente. Recuerda que en 2022 representantes de los sectores empresarial, sindical, político, social y gubernamental sesionaron durante meses en una mesa de diálogo del Consejo Económico y Social (CES), debatiendo trece reformas. Sin embargo, nunca más se supo de esos trabajos, y hasta hoy —cuatro años después— nadie ha explicado si todo aquel esfuerzo fue ignorado, archivado o simplemente desperdiciado.

En su artículo del 4 de mayo de 2026, titulado “Palanca en reversa en la seguridad social” y publicado en el periódico El Día, el investigador, docente universitario y activista social Matías Bosch puntualiza que la referida noticia también genera alarma, especialmente tras filtrarse dicha propuesta de reforma a la Ley 87-01, según se afirma, habría sido redactada por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

Como dice el pasaje bíblico: “Por sus frutos los conoceréis”. Desde su fundación, el 9 de mayo de 2001, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) ha jugado consistentemente en la misma cancha que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Su historial regulatorio revela una inclinación sistemática hacia los intereses del sector financiero, más que hacia la protección de los trabajadores y sus derechos.

Por su parte, tampoco es costumbre de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) defender con firmeza los derechos de los afiliados al sistema de seguridad social. En la práctica, ambas entidades han operado como mecanismos reguladores alineados con los sectores que han privatizado los pilares fundamentales del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), consolidando un modelo que beneficia a unos pocos y deja desprotegida a la mayoría.

El proyecto de reforma a la Ley 87‑01 que el Poder Ejecutivo pretende imponer, ignorando iniciativas significativas desarrolladas en distintos espacios de la sociedad dominicana, incorpora disposiciones que en nada aportan a la construcción de una seguridad social digna, justa y humana, como exige la ciudadanía. Por el contrario, reproduce la misma lógica tecnocrática, excluyente y rentista que ha caracterizado las reformas hechas de espaldas al pueblo, sin diálogo real ni participación vinculante.

Si es como ha señalado el activista social Matías Bosch, entonces habrá que encomendarse a la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Según advierte, el proyecto de 160 páginas propone medidas profundamente regresivas: aumentar la cotización total del 20.1% actual a casi 29%; elevar los años de cotización y la edad de retiro; crear la figura de la “compra de cotizaciones”; imponer cotizaciones complementarias obligatorias; permitir que las AFP inviertan los fondos de los dominicanos en el extranjero; y mantener un régimen en el que las personas cotizan de manera forzosa sin garantía alguna de pensión ni de tasa de reemplazo definida, lo que condena a la mayoría a pensiones de miseria, especialmente a personas con discapacidad o que no logren cumplir los requisitos mínimos.

Además —señala Bosch—, la propuesta pone en entredicho la vigencia y autonomía de los sistemas de pensiones de los servidores públicos y del personal médico del país, lo que implicaría un retroceso histórico para sectores que han conquistado derechos con décadas de lucha. (Periódico El Día, 4/05/2026).

La sociedad dominicana está compelida a luchar en todos los escenarios posibles para lograr que la reforma a la Ley 87-01 sea integral, sostenible, justa y digna, y no un simple parche hecho a la medida de la angurria que caracteriza a los sectores neoliberales propietarios de las AFP, las ARS y empresas proveedoras de servicios de salud (PSS). A fin de cuentas, estos grupos actúan movidos por una lógica invariable: son esclavos de su propia avaricia.

En definitiva —como ha planteado la Coalición por la Seguridad Social Digna—, si el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional no se sienten capaces ni libres para realizar las reformas urgentes que requiere el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social, entonces deben convocar a un referéndum popular, para que sea la soberanía ciudadana quien decida qué modelo de seguridad social merece la República Dominicana.