Guardianes de la verdad Editorial

Reflexión

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El amarre de cinturón debería ser más duro

Un Estado de insuficiencias fiscales y una presión tributaria que no debería cargar dramáticamente con más asistencialismo, una deuda consolidada de 58.5 del PBI y un ministro de Finanzas que admite que el país está repleto de “impuestos anacrónicos” y en descalificación tributaria.

Editorial

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La cautela del presidente Luis Abinader con una mano enguantada de seda y confianza en el futuro y otra portando anuncios de reajustes menores en pretensión de que, por encima de todo, los limitados sacrificios que traza para los gobernados ante esta crisis de proyección macroeconómica incierta resulten de algún modo suficientes para capear una situación sumamente complicada que es como la ven muchos observadores nacionales y extranjeros.

Contra su propósito de incurrir en los sacrificios mayores transfiriendo al país en general pocas consecuencias de una escalada de repercusiones económicas globales severas, existe la impresión de que el Estado agotó –desde antes de esta coyuntura- casi toda su capacidad de hacer concesiones sociales con cargo a su crítica disponibilidad de recursos a través de no transferir indiscriminadamente durante cinco años las alzas del petróleo y sus derivados a los consumidores finales, de permitir que el 45% de lo que cuesta la electricidad servida al universo de los usuarios, regulados o no, quedara sin cobrar surtiendo el efecto de un subsidio arrancado a la mala a unas autoridades permisivas.

A un Estado que aún se pudiera considerar en situación de endeudamiento manejable, el año pasado cayó bajo el peso de un nivel de deuda por pagar que ya supera el ritmo del crecimiento de la economía de un país que toma prestado hasta para el pago de intereses por empréstitos anteriores con un nivel de inversión pública de un 2.6% del PBI en el 2025, inferior a las necesidades del desarrollo.

Un Estado de insuficiencias fiscales y una presión tributaria que no debería cargar dramáticamente con más asistencialismo, una deuda consolidada de 58.5 del PBI y un ministro de Finanzas que admite que el país está repleto de “impuestos anacrónicos” y en descalificación tributaria. Y como si fuera poco, en los tres primeros meses del 2026, el pago de intereses de la deuda pública equivale a los recursos destinados a 18 ministerios y a los poderes Legislativo y Judicial. Al doblar de la esquina podría estar una parada en seco de la entrada de capitales extranjeros.

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