Masivo pago sin filtro: ligereza incalificable

Frenado a tiempo tras resuelta oposición de suspicaces legisladores minoritarios que lograron alarmar a la opinión pública contra el avance con aprobación al vapor de un proyecto de ley para arrastrar al Estado a pagar deudas no certificadas a constructores de edificaciones, mayormente escolares, sin una cuidadosa comprobación caso por caso. Erogaciones a la garata con puño sin autentificar. ¿En qué país vivimos?

Una maniobra de súper mayoría mecánica y de convite oficialista que votó con la inusual presteza de echar a un lado las normas internas de los poderes legislativos que restringen las declaraciones de urgencia para aprobaciones de leyes por situaciones que demanden respuestas jurídicas inmediatas para proteger el orden público, la salud colectiva o enfrentar críticas situaciones económicas de la nación.

No se podía lanzar al Tesoro Nacional a sufragar deudas sin auditar, seguramente enormes y sin aparecer debidamente registradas entre los pasivos ordinarios y extraordinarios de la Cosa Pública y sin que el país estuviera bajo amenaza de pandemias o crisis sanitarias: un nuevo y más letal Covid-19 asomándose o un huracán de vientos arrasadores similares a los de David.

Existe en la institucionalidad parlamentaria un esquema inviolable de protección al interés nacional para cerrar el paso a iniciativas alegres y sorpresivas con las que se pretenda crear una obligatoriedad de cumplimientos sin que antes sus términos sean de conocimiento general y dominio público. Esto contra la posibilidad de que el país amanezca sorpresivamente con una ley que parezca dirigida a satisfacer intereses particulares que no dan la cara y sin haber pasado por discusiones distintas en ambas cámaras, en sesiones con los quórum que traza la constitución para cada alcance legislativo y evitar la insolvencia de estatuirle a la sociedad normas producidas sin mayorías calificadas.

Tras auditorías aplicadas por el Ministerio de Educación 2022-2025 a centenares de obras inconclusas, terminadas y sin pagar durante gestiones anteriores, el titular de ese momento apoderó al Ministerio Público de expedientes aún paralizados sobre anomalías financieras y administrativas. Habría que ver si esto conecta con la prisa de pagar cuentas añejadas.