Octavas palabras que se adelantan al púlpito

Jesucristo, quien ofrendó su sangre para salvación de la humanidad —asumiendo para los siglos de los siglos el sacrificio divino que preside los cultos de la Semana Mayor— permitiría con su venia que en esta fecha se sume, con sentido terrenal, un mensaje adicional a su intención salvadora. Un ejemplo es el reclamo elevado al presidente Luis Abinader por un importante sector ciudadano: reducir los gastos corrientes. De hecho, pronto escucharemos cómo los oradores sagrados del próximo Viernes Santo aprovecharán las Siete Palabras pronunciadas por el Hijo de Dios en la cruz para conectarlas, con dura elocuencia, a las amarguras de la realidad presente. Y viene muy al caso esa de que el Gobierno debe apelar a perfeccionamientos para que el dinero público sea gastado con máximos cuidados y sin los perfiles de derroche que traslucen.

Una respetable cúpula empresarial, que eleva su voz en nombre de la iniciativa privada, verdadero motor de la economía, aboga por una distribución equitativa de las privaciones que deben asumirse mientras dure la guerra del Medio Oriente de impredecible final. Con claras premisas el liderazgo del sector productivo sostiene que las respuestas del país a la crisis que desde ya presiona a alzas de costos y precios y a alteraciones de la logística que provee bienes, insumos y materias primas, deben comenzar con los ejemplos del propio Gobierno; con ajustes en el gasto público que se sientan, se vean y no se queden en los papeles¨.

Aunque viniese de un expresidente de gestión cuestionada en algunos de sus componentes por el Ministerio Público como ocurre con el licenciado Danilo Medina, su denuncia de que los planes sociales se caracterizan por el despilfarro de recursos debería mover de inmediato a una contundente auditoría de la Cámara de Cuentas. De que el patrimonio público debería estar mejor cuidado está la prueba al canto del caso Senasa, incriminado resueltamente como uno de los mayores sangramientos de recursos públicos por una evidentísima debilidad supervisora del Gobierno central que debería estar también en el banquillo al menos por omisiones dramáticamente graves.