Urge revisar modelo de seguridad ciudadana

La tendencia al incremento de homicidios causados por agentes de la Policía Nacional en circunstancias que la propia institución describe unilateralmente y sin escrutinio hasta ahora del Ministerio Público como «intercambios de disparos», se expresa en estadísticas del órgano de protección social Defensoría del Pueblo revelando que de 68 muertes ocurridas en confusas persecuciones en el 2023 a la presente fecha del 2025 las víctimas de ese desacreditado expediente de enfrentamientos no certificados judicialmente llegan a 170 faltando un último cuatrimestre. Espeluznante indicación de que la tasa de muertes a manos de agentes policiales de República Dominicana supera con creces las de otros países que se suponían más tocados que este por el uso inopinado de las armas de fuego, y que suelen clasificarse como de más visible violencia social.

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Escandaliza que tras el horror por el acribillamiento de cinco personas en una barbería de Santiago todavía queda en el misterio lo que la patrulla actuante hizo con las cámaras de vídeo del lugar que con violencia confiscó incurriendo en una inaceptable destrucción de posibles pruebas ante tribunales de elementos que servirían para establecer la verdad de los hechos y probablemente de confirmación de que se trató de un asesinato múltiple; mientras el Comando Regional Norte de la PN se abstiene de demostrar que algún agente resultara realmente herido en el alegado fuego cruzado. La indiferencia y silencio del Poder Civil legamente constituido -y al más alto nivel- ante un récord de muertes no esclarecidas y atribuidas al cuerpo policial, el único progreso hacia frenar esta carrera mortal se debe a la opinión pública; a los representativos liderazgos sociales, eclesiásticos y de defensores de los Derechos Humanos que con sus denuncias y presiones hicieron salir de su histórica inacción al Ministerio Público para dar un paso al frente con indagaciones en el trágico lugar de la ultima conmoción por balaceras en el corazón del Cibao, un hecho que la Defensoría del Pueblo pide recibir como una «alerta ética y democrática» que obliga a replantear el modelo de seguridad ciudadana.