¿Les digo algo?

Cada denuncia de corrupción en las instituciones públicas reafirma en la conciencia ciudadana que son pocas las personas que, al escalar política y socialmente, actúan con honestidad y responsabilidad en un cargo público.

El decepcionante escándalo del Seguro Nacional de Salud y su Administradora de Riesgos de Salud (ARS Senasa) fortalece la idea de que las autoridades llamadas a velar por el bienestar de la sociedad solo se esfuerzan por obtener el voto cada cuatro años, como si fuera una licencia para malversar y enriquecerse robando el dinero aportado mediante los impuestos para el funcionamiento del país.

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Lo sucedido en la ARS Senasa es consecuencia de la irresponsabilidad de las propias autoridades que componen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Ni los pasados ni los presentes gobiernos han trabajado para hacer de la Ley 87-01 una realidad concreta; en cambio, sí han aprovechado las posibilidades que brindan esas posiciones.

Con excepciones, quienes han desempeñado funciones en el SDSS son responsables de su estancamiento, de la desviación de los recursos acumulados en salud y de la precarización de los servicios y de la atención sanitaria.

Los usuarios, particularmente los del Seguro Familiar de Salud (SFS), tanto del Régimen Contributivo como del Régimen Subsidiado, se quejan de las irregularidades una vez las sufren; pero, empezando por el CNSS, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y la DIDA, los ignoran y no actúan.

La Ley 87-01 establece, en sus capítulos, artículos y libros, disposiciones precisas para intervenir en los casos reñidos con la transparencia y ante las irregularidades cometidas en el SDSS y sus instancias.