Fiscal Aurelio Valdez cumple un mes sin que se conozca su medida de coerción: el motivo y qué dice la ley

Este lunes 27 de abril se cumple un mes desde que la Procuraduría General de la República arrestó en “flagrante delito” al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir, en una entrega controlada, la suma de 10 mil dólares de un testigo del Ministerio Público en el caso Senasa.

Sin embargo, ningún tribunal del Distrito Nacional ha podido conocer la solicitud de medida de coerción en su contra, consistente en un año de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Esto debido a varios incidentes presentados por la defensa del imputado durante el proceso.

A continuación, te compartimos un recuento de los aplazamientos:

30 de marzo: La jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte, aplazó la audiencia contra Valdez Alcántara tras acoger la solicitud de su abogado, Valentín Medrano, con el objetivo de conocer las piezas y pruebas del proceso.

7 de abril: La jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de coerción con el objetivo de garantizar el derecho de defensa del imputado, permitiendo que sus abogados pudieran reunirse con él de manera presencial y coordinar adecuadamente la estrategia legal.

“Se aplazó porque la decisión adoptada en la audiencia anterior no se cumplió efectivamente, y la magistrada, como forma de garantizar el debido proceso de ley y las garantías penales sustantivas del justiciable, ordenó que se le diera curso a la decisión que con antelación el tribunal adoptó”, expresó el abogado Valentín Medrano.

10 de abril: Este tercer intento por conocer la solicitud contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara también fracasó, luego de que la defensa recusara a la jueza de la instrucción especial Ysis B. Muñiz Almonte, presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien fue designada para conocer el caso.

Los abogados del imputado alegaron que la jueza había participado en el proceso de investigación al autorizar el allanamiento y la trampa que se le tendió a su defendido con el dinero marcado.

“La defensa, ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias irrefutables con que cuenta el Ministerio Público, ha venido en el día de hoy con un grito desesperado, con un absurdo, al recusar a una jueza a la que ellos, en dos audiencias anteriores, le hicieron pedimentos, y esa jueza decidió. Y han venido con unos argumentos que ellos conocían en esas dos audiencias y que en ningún momento plantearon en la recusación”, manifestó Wilson Camacho, director general de Persecución.

Camacho sostuvo que la decisión de los defensores de recusar a la magistrada es “una muestra de litigio temerario para huir de una realidad que les aplasta, que es el conocimiento de los hechos que plantea el Ministerio Público y de las evidencias”.

SCJ se declara incompetente

Posteriormente, el 23 de abril, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se declaró incompetente para conocer la recusación interpuesta por la defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara contra la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz.

En su decisión, el alto tribunal dispuso remitir el expediente a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que sea conocido y decidido en esa instancia.

El Pleno determinó que no le corresponde intervenir, debido a que la Corte de Apelación puede integrarse válidamente con jueces no recusados, lo que excluye la competencia de la SCJ en esta etapa del proceso.

Con esta decisión, el proceso continúa en la jurisdicción correspondiente, donde se evaluará si procede o no apartar a la magistrada del caso, conforme a las garantías de imparcialidad e independencia judicial.

Coerción no se conocerá si continúan los incidentes

En ese sentido, periodistas del periódico Hoy consultaron al abogado penalista Julio Cury, quien explicó que mientras el imputado Aurelio Valdez Alcántara y su defensa “insistan en presentar incidentes” durante la audiencia de medida de coerción, esta no podrá ser conocida.

“La recusación que presentó será conocida por el Pleno de la Corte de Apelación. Luego de decidida, en caso de que sea rechazada, la jueza de la instrucción especial tendrá el camino despejado”, explicó el jurista.

Cury aclaró que en el Código Procesal Penal dominicano no existe, ni pudiera existir, un tiempo reglado para que a una persona se le conozca medida de coerción, siempre que esta haya sido solicitada dentro del plazo de las 48 horas establecido por la ley.

“Lo que sí existe es el plazo dentro del cual se tiene que pedir la medida de coerción, que es de 48 horas después de producido el arresto”, indicó Julio Cury.

Acusación

Según el expediente, el MP tiene abierta una investigación de orden público en contra de Valdez Alcántara, de quien dice que el 13 de este mes concretó un encuentro personal con Canaán, en el parqueo de Plaza Lama, establecimiento ubicado en la avenida 27 de Febrero con Winston Churchill.

El MP indica que allí Canaán abordó el vehículo conducido por el fiscal, una CRV color marrón, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades, “para establecer una posición de dominio”, y de inmediato, de manera explícita le propuso “alterar el curso del proceso seguido en su contra a cambio de un beneficio económico”.

Lo que exigiría el fiscal

Según el Ministerio Público le exigió a Canaán US$200,000, un vehículo Mercedes Benz 350 o 450, negro, y también mostró interés por un reloj Rolex.

Según el expediente del MP, Canaán regateó y le ofreció al fiscal investigado US$150,000 y una guagua Volvo o Mazda. Valdez Alcántara aceptó el pago de los US$150,000, no así el Volvo o Mazda, sino que insistió en el Mercedes Benz, a lo que tuvo que acceder el coaccionado.

El MP sostiene que, una vez acordado el soborno, se conformó un equipo para darle seguimiento y cubrir documentalmente la entrega del dinero. Este equipo estuvo comandado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones de la Policía y varios miembros la institución, así como por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, adscrito a la Jurisdicción privilegiada y Procesos Especiales.