Un nuevo paradigma

El proceso investigativo a fondo de lo que ha sido denunciado como un enorme entramado de corrupción en SENASA, es parte del gradual proceso de erradicación de la impunidad que realiza el país desde 2020.

En las últimas horas, el Ministerio Público informó la detención del exdirector de SENASA, Santiago Hazín; de su sobrino Rafael Martínez Hazim; del gerente financiero Gustavo Messina; y del empresario Eduardo Read.

Todos son investigados por un presunto entramado de corrupción que habría operado en la institución durante varios años.

Otra información da cuenta de que fueron arrestadas Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del colegio Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Se les investiga por el trágico fallecimiento de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrido durante una excursión organizada por el centro educativo.

Hasta que un tribunal decida en forma definitiva, todas estas personas mantienen su condición de inocentes.

“A riesgo del corredor”

Pero lo relevante hoy es que, sean altos funcionarios, empresarios o figuras de influencia social, están siendo sometidos a los procesos que manda la ley, y eso ya está produciendo un cambio paradigmático en la mentalidad de los dominicanos que advierten cómo se cierran los espacios a la corrupción y la impunidad y hay que respetar la Ley y en especial los bienes públicos y que quien se aventure a quedarse con dinero público lo hace “a riesgo del corredor”, como decimos en béisbol.

Este tipo de actuaciones es importante porque, durante muchos años, nada de esto ocurría. El Poder Judicial —llamado a arbitrar y sancionar los conflictos entre ciudadanos— llegó a ser descrito como un auténtico “mercado persa”, donde sentencias se compraban y se vendían como parte de una práctica establecida.

La justicia también funcionó como un instrumento para legalizar el enriquecimiento acelerado e ilícito de gobernantes y aliados empresariales.

Durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, expedientes por enriquecimiento ilícito contra allegados al poder simplemente no avanzaron, protegidos por un clima de corrupción y de impunidad.

En ese contexto se produjeron episodios tan graves como la trama urdida contra Sara Pepén y su esposo Affe Gutiérrez, a quien se le pretendió imponer dos condenas de 30 años, fruto de la persecución irracional de un poderoso empresario respaldado por la ambición hegemónica del entonces presidente Fernández, que controlaba todos los poderes del Estado.

Otro caso emblemático es el manejo vergonzoso del expediente Odebrecht por parte del exprocurador Jean Alain Rodríguez, pese a que la propia empresa brasileña admitió haber obtenido obras públicas mediante sobornos por 91 millones de dólares.

Y no puede olvidarse el episodio en que, tras denuncias periodísticas sobre serias irregularidades de Diandino Peña en la construcción del Metro, el presidente Danilo Medina simplemente lo removió del cargo, sin someterlo a la justicia, como correspondía.

Desde la renovación del Ministerio Público —un cambio que ha tenido efectos positivos en todo el sistema judicial— sectores de la oposición (Fuerza del Pueblo y PLD) y comunicadores afines han intentado desacreditar la labor de la Procuraduría.

Los tiempos que exige la preparación rigurosa de expedientes y el respeto al debido proceso han sido presentados como demoras injustificadas o como deficiencias, en un claro esfuerzo por debilitar la credibilidad institucional.

Aun así, las procuradoras Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso, junto a sus respectivos equipos, han sostenido un trabajo que ha merecido el respeto de la sociedad dominicana y el reconocimiento de observadores internacionales que siguen la evolución institucional del país, especialmente en materia de persecución del delito.

Cuando llegó al poder en 2020, el presidente Luis Abinader definió como prioridad convertir el Ministerio Público en un ente independiente, apegado a la ley y capaz de impulsar la transformación de todo el sistema judicial.

Esa decisión —junto a otros cambios institucionales impulsados por su gobierno— es parte de lo que hoy está cambiando las cosas en serio.

Y está cambiándolo todo.